Archive en septiembre 2012

Pendiente de la sanción presidencial, está el proyecto de ley 510  sobre derecho de autor y derechos conexos. El instrumento lo veo positivo en su estructura, no obstante, hay artículos en él que me resultan muy preocupantes. Estos son como siguen:

1. Obras periodísticas. Cuando los artículos u otras obras periodísticas sean realizados por autores sin relación de dependencia laboral con el medio de comunicación social, se presume, salvo pacto expreso en contrario, que solo se confiere al medio de comunicación el derecho de publicarlos o comunicarlos por una vez. (Art. 38).

Por lo tanto el medio, para evitar problemas con el autor, debe procurar contar con el aval de rigor, para publicarlo por varias veces.

2. Obras periodísticas. Si el editor o propietario del medio de comunicación modifica sin el consentimiento del autor, un artículo cedido, este puede pedir la inserción íntegra y fiel del artículo cedido, sin perjuicio del derecho a reclamar indemnización. (Art. 39).

No comparto la tesis de hacer viable, una indemnización contra el medio, en este sentido, pues a veces la modificación es producto de la edición, por cuestiones de espacio.

3. Ni una persona natural o jurídica podrá prestar su apoyo para reproducir una obra, en todo o en parte, si el usuario no cuenta con la autorización previa y escrita del titular del respectivo derecho, ya que seria solidariamente responsable. (Art. 56 y 57).

Esto le da la carga a una empresa de hacer investigaciones y de hasta de exigir documentación previa al cliente, para realizar un trabajo. La carga debiera estar en el que pide el trabajo, únicamente.

4. Es ilícito vender, arrendar o distribuir un dispositivo o sistema tangible o intangible, sabiendo o teniendo razones para saber que el dispositivo o sistema sirve primordialmente para decodificar una señal de satélite codificada portadora de programas sin la autorización del distribuidor legítimo de dicha señal. (Art. 147).

Esto compele al empresario que comercia un equipo, a investigar con profundidad, las cualidades del bien que pone a disposición del público; asunto que antes no era  obligante.

5.  No hay una gradación en las sanciones que la Autoridad General de Derecho de Autor pueda imponer a las entidades de gestión colectiva, que infrinjan sus normas.

Puede imponerse libremente, desde una amonestación, hasta la cancelación de la autorización. Se han redactado, perversamente las normas, debido a que no se detalla el concepto de gravedad de la falta. (Art.  156 y 155)

6. La Dirección General de Derecho de Autor, puede sancionar a los infractores por infracciones particularmente leves y hasta graves, sin embargo, no se han definido cuales son éstas, para mayor claridad. (Art. 157)

Es harto conocido que la mayoría de los terrenos, en donde están las empresas de la Zona Libre de Colón, son rellenos hechos sobre lecho de mar, en consecuencia, se encuentran insertos, en cuanto a su apropiación privada, dentro de la prohibición constitucional que reza el artículo 258 de la Constitución Política panameña y sabido es, que lo accesorio, sigue la suerte de lo principal.

Ha trascendido que se pretende presentar en la Asamblea Nacional, en los próximos días, un proyecto de ley que hace viable la venta de los terrenos de la zona libre de colón, a través de la figura de la desafectación.

La figura de la desafectación sobre terrenos de dominio público, permite que los mismos puedan formar parte del dominio privado y opera por voluntad del Estado, a través de un acto público, que pueda desafectar un bien de dominio público y convertirlo a la postre, en bien patrimonial o fiscal del Estado, y por ende, susceptible de enajenación.

No obstante, la desafectación debe aplicarse emitiendo los actos administrativos, que afectaron un bien, es decir, si una ley afecto un bien en dominio público, otra ley podría desafectarlo. Decir que una ley puede desafectar a un bien de dominio público establecido por la Carta Magna, no solo sería contra natura, sino que atentaría groseramente, contra la jerarquización de las normas que privan en Panamá.

De lo expuesto se afirma que una ley no puede derogar lo precisado por la Constitución, pues sería, inconstitucional, el hecho arbitrario.

El Pleno de la Corte Suprema de Justicia de Panamá, en el caso ICA, en sentencia de 30 de diciembre de 2004, resolvió un tema parecido profiriendo que: “Si se está rellenando un bien de dominio público como lo es el lecho marino, no es coherente indicar que estos rellenos automáticamente se transforman en bienes patrimoniales. De ser así, el Estado perdería una de sus más importantes potestades, como lo es la disposición que tiene el anterior con respecto a los bienes de dominio público.

…
Si el Estado permite que los rellenos que se hagan sobre bienes de dominio público sean propiedad privada, estará perdiendo parte del patrimonio y de los elementos constitutivos del Estado, como lo es el mar territorial, playas, el lecho marino, etc.”

Abanicar la idea de vender los terrenos, rellenados de la Zona Libre de Colón, por la figura de la desafectación, que no debiera aplicar, para los bienes de dominio publico que están bajo la prohibición, del Artículo 258 de la Carta Magna, podría a su vez, abrir la posibilidad de que en el futuro, con la promulgación de otra ley, cualquier gobierno, pudiera también vender, la plataforma continental, los ríos navegables, el espacio aéreo y demás bienes que están en el mismo artículo mencionado.

CONSTITUCIÓN

“ARTICULO 258. Pertenecen al Estado y son de uso público y, por consiguiente, no pueden ser objeto de apropiación privada:
1. El mar territorial y las aguas lacustres y fluviales, las playas y riberas de las mismas y de los ríos navegables, y los puertos y esteros. Todos estos bienes son de aprovechamiento libre y común, sujetos a la reglamentación que establezca la Ley.2. Las tierras y las aguas destinadas a servicios públicos y a toda clase de comunicaciones.
3. Las tierras y las aguas destinadas o que el Estado destine a servicios públicos de irrigación, de producción hidroeléctrica, de desagües y de acueductos.
4. El espacio aéreo, la plataforma continental submarina, el lecho y el subsuelo del mar territorial.
5. Los demás bienes que la Ley defina como de uso público. En todos los casos en que los bienes de propiedad privada se conviertan por disposición legal en bienes de uso público, el dueño de ellos será indemnizado.”

Sobra añadir que los Diputados, no deben siquiera abordar un tipo de ley como ésta, por que les está vedado el hacerlo, de acuerdo al Artículo 163 numeral 1 de la Constitución, que reza: “Es prohibido a la Asamblea Nacional:
1. Expedir leyes que contraríen la letra o el espíritu de ésta Constitución.

Se ha denunciado en los medios de comunicación que se está utilizando ‘una vía de escape’, de forma descontrolada, por parte de algunas entidades del gobierno, para impulsar sus proyectos, y es el utilizar el Programa de Ayuda Nacional (PAN) mediante la firma de ‘convenios de cooperación’, que les permitan realizar compras directas, evadiendo hacer llamados a licitación.

De ser cierta hoy esta afirmación,  se evidencia una violación directa a ley general de compras del Estado y entonces la Contraloría General esta siendo cómplice de este asunto, a mi juicio irregular.

La ley 22 de 2006 (de contratación pública) es clara cuando afirma en su Artículo 1 que  ésta ley establece las reglas y los principios básicos de obligatoria observancia que regirán los contratos públicos que realicen el Gobierno Central, las entidades autónomas y semi autónomas, los municipios, la Caja de Seguro Social, los intermediarios financieros y las sociedades anónimas en las que el Estado sea propietario del cincuenta y uno por ciento (51 %) o más de sus acciones o patrimonio; por lo tanto, no debieran avalarse, tales convenios, suscritos por entidades públicas con el PAN, si persiguen, en alguna medida, el eludir la ritualidad existente, en rango de ley (Ley 22), para acogerse a los beneficios del PAN (que tiene disposiciones libres para las compras).

Si las entidades no se sienten a gusto con la normativa, antes descrita,  deben impulsar un cambio legislativo en la Asamblea Nacional, para que se modifique la ley y ponerla mas tono con la realidad, pero nunca implementar “prácticas extrañas de juega vivo panameño”, con fondos públicos.

La Contraloría, debe jugar mejor su papel fiscalizador y parar, mediante la negación del refrendo,  los convenios de marras, si perciben en ellos, el soslayo de la Ley 22 de 2006.

El gas pimienta es un compuesto químico que irrita los ojos, puede causar lágrimas, dolor e incluso ceguera momentánea.

Usualmente se usa o para la defensa personal o para preservar el orden público.

La Comisión de Opciones Tecnológicas y Científicas del Parlamento Europeo (STOA) publicó en 1998 “Una evaluación de las tecnologías de control político”, una extensa información del aerosol de pimienta y el gas lacrimógeno Escribieron:

“Los efectos del aerosol de pimienta son bastante más severos, incluyendo ceguera temporal con duraciones de 15-30 minutos, una sensación ardiente de la piel que dura de 45 a 60 minutos, espasmos de la parte superior del cuerpo que fuerzan a la persona a doblarse hacia delante y provoca una tos incontrolable dificultando la respiración y el habla de 3 a 15 minutos.”

Según Wikipedia, para las personas que tienen asma, que están tomando medicamentos o son objeto de técnicas restrictivas que restringen la cantidad de aire al respirar, hay riesgos de muerte. El Los Angeles Times informó que al menos hay 61 muertes asociadas con el uso policial del aerosol de pimienta desde 1990 en EE.UU.

En Panamá no existe un instrumento jurídico, conocido por la población, sobre el uso de este gas; sobre quienes lo pueden usar (si por policía y particulares)  y bajo que condiciones, es permitido su aplicación.

En algunos países, si existe regulación al respecto.

Mi criterio es que debe existir una normativa promulgada,  que restrinja su uso sólo para la policía  y para cuando resulte imprescindible, porque ya se agotaron todos los medios no violentos para proteger el bien jurídico, que está a punto de ser lesionado o está siendo lesionado o porque no existe en el caso, una opción no violenta para protegerlo o restituirlo eficazmente.

En el mensaje del Presidente Martinelli, en la 67a Asamblea General de las Naciones Unidas, sobre el uso del Internet dijo que Panamá estaba preparando un anteproyecto de ley para que se establezcan “regulaciones mínimas” dirigidas a la protección de nuestra niñez y adolescencia, frente a contenidos dañinos que se difundan por Internet y otros medios electrónicos.

Dijo el señor presidente que ya estaban trabajando para aprobarlo en consenso con toda la sociedad panameña. “Tenemos que aliarnos para “cerrar filas” en contra de los sitios de Internet que  promueven la pornografía en general y la infantil, en particular, la comunicación obscena y lasciva, la violencia física, sexual y emocional.”  

Como ciudadano muestro mi preocupación a todo deseo, que pudiera haber,  si es el caso, de restringir el uso del Internet en Panamá, debido a que abogo, por la neutralidad de la red.

Millones de personas han censurado la violación del principio de neutralidad de la red, en los casos conocidos como la ley SOPA, el ACTA, etc., pues entendían que la censura, era una privación a la intimidad del cibernauta.

El principio de neutralidad de la red, objeta la censura en el Internet y busca fortalecer la libertad de expresión.

En el medio oriente, en la primavera árabe,  los pueblos protestaban y se comunicaban por INTERNET, en las redes sociales, para objetar los actos arbitrarios de sus gobernantes, ¿y que hicieron algunos Mandatarios, al respecto?

Censuraron, el Internet.

Mañana pudieran cometer los gobernantes, un acto arbitrario o delictivo y ante la protesta ciudadana, nos pueden bloquear la red, como censura; como se hizo, en el medio oriente, en la primavera árabe.

La libertad de difusión de material y de comunicación por la red, no debiera ser negociable.

Fundamento legal de mi punto.

Constitución panameña

ARTICULO 37. Toda persona puede emitir libremente su pensamiento de palabra, por escrito o por cualquier otro medio, sin sujeción a censura previa; pero existen las responsabilidades legales cuando por alguno de estos medios se atente contra la reputación o la honra de las personas o contra la seguridad social o el orden público.

Convención Americana sobre  Derechos Humanos

ARTÍCULO 13.  Libertad de Pensamiento y de Expresión

 1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión.  Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.

 2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar:

 a)  el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o

 b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.

 3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones.

¿Qué políticas se deben implementar para disminuir actos lascivos hacia menores, en el espacio cibernético?

Propongo:

Medios de comunicación  le han informado al país que el Sector Jurídico del Partido Revolucionario Democrático (PRD) le preocupa que el magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alejandro Moncada Luna, resuelva los recursos de inconstitucionalidad contra la Ley No. 54 luego de las elecciones de 2014.

Así lo informó Zulay Rodríguez, una de las abogadas que integran el Sector Jurídico del PRD, quien agregó que si se resuelve luego de 2014 se tendrían que anular las elecciones.

Agregó que esta situación provocaría que tendrían que repetirse las elecciones.

Esta tesis, a mi juicio esta completamente errada, ya que los efectos de una sentencia de inconstitucionalidad de una ley, son hacia el futuro, por lo que no afectaría, ningún resultado de las elecciones celebradas.

La ley así lo establece.

Código Judicial

Artículo 2573.

Las decisiones de la Corte proferidas en materia de inconstitucionalidad son finales, definitivas, obligatorias y no tienen efecto retroactivo.

Por otro lado, el voto popular, jamás se podría desvirtuar por una sentencia, debido a que el poder público, emana del pueblo y la ciudadanía ejercerá su derecho al sufragio, de acuerdo a las disposiciones vigentes de la época.

Constitución

Articulo 2.

El Poder Público sólo emana del pueblo. Lo ejerce el Estado conforme esta Constitución lo establece, por medio de los Órganos Legislativo, Ejecutivo y Judicial, los cuales actúan limitada y separadamente, pero en armónica colaboración.

  

¿Puede una sentencia de inconstitucionalidad,  afectar actos del pasado?

Si, siempre que lo demandado, no haya sido una ley; así lo ha declarado la Corte Suprema, Pleno, por lo menos en el fallo del 17 de julio de 2007, cuya parte pertinente, transcribo:

“Con base en todo lo anotado, esta Superioridad se ve obligada a precisar que con la declaratoria de inconstitucionalidad del acto censurado, resulta oportuno aclarar los efectos que produce este pronunciamiento del Pleno de la Corte. En ese sentido, esta Corporación de Justicia ha señalado de manera uniforme, en los casos de jurisdicción constitucional objetiva en que lo que se demanda no es una norma legal, sino un acto de carácter individualizado, como ocurre en el presente caso, la posibilidad de otorgarle efectos retrospectivos o ex-tunc a la sentencia de inconstitucionalidad, con la finalidad que, efectivamente, puedan repararse los agravios causados. Así, la Corte ha indicado que:

“Si se permite que un acto jurisdiccional pueda ser demandado como inconstitucional, es obvio que puede ser declarado inconstitucional. Sostener que la decisión de la Corte en estos casos no produce efectos retroactivos y que sólo produce efectos hacia el futuro, traería como consecuencia que la declaratoria de inconstitucionalidad sea totalmente intrascendente, inocua” (Sentencia de 3 de agosto de 1990).”

Caso práctico.

Cuando la Corte Suprema, Pleno, en la sentencia del 21 de julio de 2009, declaro inconstitucional, la norma electoral que posibilitaba sólo a los partidos políticos, a postular candidatos a la presidencia, no invalidó, el resultado de las elecciones celebradas, debido a que se le habían afectado, los derechos a Juan Jované.

Ha salido en la gaceta oficial No.  27127-A, la Ley No. 55 de 2012 que modifica el código procesal penal, en favor de los diputados.

A mi juicio esta ley es desacertada, debido a que establece beneficios excesivos en favor de los llamados, padres de la patria.

Estos beneficios, son como siguen:

Artículo 291. Plazo de la fase de investigación. El Ministerio Público, a partir de la formulación de imputación, debe concluir la fase de investigación en un plazo máximo de seis meses, salvo el supuesto previsto en el artículo 502 de este Código.

Al concluir la investigación, el Fiscal deberá comunicar el cierre de esta al imputado, a su defensor y a la víctima y querellante si los hubiera. El incumplimiento de este plazo acarreará la sanción disciplinaria por parte del superior jerárquico, sin perjuicio de la responsabilidad penal a que haya lugar por su proceder.

Ley No. 55

Artículo 5. Se adiciona el artículo 491-A al Código Procesal Penal, así:

Artículo 491-A. Plazo de la investigación…

…

Si en un término de diez días el Magistrado que ejerza las funciones de Juez de Garantías no fija el plazo de finalización solicitado por el imputado o si el Magistrado Fiscal no remite a dicho Juez de Garantías la investigación en el plazo fijado, se tendrá por extinguida la acción penal, que será decretada por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia a solicitud del imputado o de su defensor. La decisión que se adopte admite recurso de reconsideración.

Artículo 2. El artículo 488 del Código Procesal Penal queda así:

Artículo 488. Requisitos de admisión. La querella o la denuncia deberá promoverse por escrito, a través de abogado…

Según medios de comunicación, cerca de 5 mil 805 permisos de trabajo a extranjeros, que representan el 11.6% más que en igual periodo del año 2011, otorgó el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) entre enero a mayo del 2012, siendo las nacionalidades colombiana, venezolana, china y dominicana las mayormente beneficiadas.

El informe emitido por la Dirección de Análisis Económico y Social del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), apoyado en fuentes del Mitradel, muestra que las personas con nacionalidad colombiana (36.8%), venezolana (8.9%), china (6.4%) y dominicana (6.1%) fueron las que obtuvieron mayor cantidad de permisos para laborar en el país en forma definitiva.

En este sentido, el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, hoy con la Resolución No. DM 182-2012 de 6 de septiembre de 2012 autorizó el inicio de trámites migratorios laborales a los extranjeros que participen del X proceso de regularización migratoria extraordinaria de extranjeros.

Por ello, se están otorgando permisos de trabajo, hasta por el término de dos años, prorrogables, hasta diez años, libremente, sin que se proteja, el porcentaje laboral del nacional.

No hay un respaldo jurídico serio, en esta medida. El código laboral,  marca otras pautas al respecto y se ha puesto de lado.

Código Laboral

Artículo 17.

Todo empleador mantendrá trabajadores panameños, o extranjeros de cónyuge panameño o con diez años de residencia en el país, en proporción no inferior al 90 por ciento del personal de trabajadores ordinarios, y podrá mantener personal extranjero especializado o técnico que no exceda del quince por ciento del total de los trabajadores.

En ningún caso los porcentajes de salarios o asignaciones en conjunto y por categoría, podrán ser menores que los fijados en el párrafo anterior.

No obstante lo anterior, se podrá permitir una proporción mayor de especialistas o técnicos extranjeros por tiempo definido, previa recomendación del Ministerio respectivo y aprobación del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral.

…

Por su parte, muchos sindicatos en vez de apoyar las conquistas del trabajador nacional, se motivan más bien en hacer política. Han desviado su papel, sin duda; mientras que el gobierno está equivocando su derrotero y está perjudicando al nacional, por asuntos,  netamente empresariales, a mi parecer. Veremos si en el 2014 tendrá repercusión  en las urnas, está visión oficialista.

Todas las candidaturas, a los diversos cargos por la libre postulación, están ya reguladas en el código electoral patrio, no obstante, como existe hoy una desigualdad normativa, en beneficio de los partidos políticos, en detrimento de los independientes, debe el Tribunal Electoral ajustarla ya,  para que no se le endilguen cargos de complicidad.

¿Qué debiera hacer el Tribunal Electoral, de manera expedita?

Emitir un Decreto que reglamente las postulaciones por la libre postulación, en el cual se recogería, entre otros puntos, los siguientes: