¿Inauguración de obras y recursos del Estado, por los gobiernos, para fines políticos, o no?

¿Inauguración de obras y recursos del Estado, por los gobiernos, para fines políticos, o no?

  
Ernesto
Pérez Balladares (PRD).

 
La oposición política
panameña había acusado a Pérez Balladares de usar la inauguración de obras
públicas para promover su reelección y de disponer de recursos del Estado,
entre ellos vehículos y escoltas pagados con el presupuesto público, para
manifestaciones proselitistas.

 

El Tribunal Electoral tuvo
que
promulgar
otrora, el decreto número 22 de 1998, según el cual el presidente y sus dos
vicepresidentes debían devolverle al fisco el valor de los bienes estatales que
usaran, ”por razones de conveniencia política”.

El costo de escoltas, medios de transporte, comidas, viáticos y otros
emolumentos utilizados por el jefe de Estado y sus dos vicepresidentes para
promover el referéndum convocado para decidir la posibilidad de reelección
debían ser ”compensados” al fisco de sus propios recursos, según el decreto
del Tribunal.

 
El organismo también
advirtió que el presidente y otros funcionarios electos por el voto popular
”pueden activarse (pronunciarse) en cualquier momento en favor o en contra de
la reelección, siempre que no sea durante la inauguración de obras públicas”.


Mireya Moscoso (Partido Arnulfista).

 

A la sazón, Presidenta de
la República, en su deseo de proyectar la efectividad de su mandato, para poder
beneficiar, la reelección de su partido en el poder, en mi concepto; en el
ocaso de su mandato, inauguró, el Segundo Puente sobre el Canal (sin concluir
sus accesos) y la Maternidad del Hospital Santo Tomás (sin equipar).

 

Ricardo Martinelli Berrocal (CD).

 
Se vio en los algunos
medios que el señor Presidente Martinelli, estaba junto a José Domingo Arias y
otras personas, en los actos oficiales de la inauguración del Rompeolas de la
Cinta Costera Fase III.

Este sólo hecho,
por cierto, a mi juicio, no debería sumir ni a José Domingo Arias ni a Ricardo
Martinelli Berrocal en  comisión de
delito electoral alguno, ya que no se vio como proselitismo especifico, debido a
que asistió mucha gente al evento y no existe ningún proceso electoral en curso.

 

¿Qué dice el código Electoral?

 

Artículo 30. Queda prohibido a los servidores públicos, realizar actividades de
propaganda y afiliación partidaria en su horario de servicio y utilizar la
autoridad o influencia de sus cargos para servir intereses de determinados
candidatos en el proceso electoral o
de las organizaciones que los postulen. A su vez, les está prohibido obstruir
el libre ejercicio de las actividades proselitistas o electorales que se
realicen conforme a este Código.

 

(El énfasis del proceso electoral es propio)

 

Sección 2ª

Delitos contra la Honradez del Sufragio

Artículo 392. Se sancionará con pena de prisión de seis meses a tres años y suspensión
de los derechos ciudadanos e inhabilitación para el ejercicio de funciones
públicas por uno a tres años, a las personas que:

6. Utilicen ilegítimamente los bienes y recursos del Estado, en
beneficio o en contra de determinados candidatos o partidos legalmente
constituidos o en formación.

 

(Nótese que el
artículo está dentro de los delitos que manchan, la nitidez en el sufragio)

 

Lo cierto es que conforme
al artículo 2
numeral 4 ibídem es
prohibido
todo
tipo de actividad proselitista o de propaganda política, tales como la
fijación, colocación o distribución de anuncios o afiches a favor de candidatos
o partidos políticos en las oficinas, dependencias y edificios públicos; así como el uso de emblemas, símbolos,
distintivos o imágenes de candidatos o partidos, dentro de los edificios
públicos.

 

En el evento de que
en las inauguraciones de obras estatales sucesivas, el presidente actual, siga
invitando al candidato presidencial del gobierno y este continúe asistiendo, entonces
sí pudiera estar flagelándose la ley, por la utilización ilegítima de bienes
del Estado, para fines políticos y/o personales, dentro de los tiempos
especificaos que declara la ley y los reglamentos que dicte el tribunal
electoral.

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