Topes para el financiamiento privado, en una campaña electoral

Topes para el financiamiento privado, en una campaña electoral

Los
costos electorales altos, en mi concepto, para nada benefician la democracia y
hace gravitar entonces, varias preguntas:
¿Por
qué no se incluyó en el famoso pacto ético electoral, como medida de
autorregulación, el tope en los gastos de campaña, por parte de los partidos
políticos suscriptores, del documento?
¿Cómo
recuperará el candidato, la suma por él invertida en campaña?
¿Se
beneficiará de algún modo, a la postre, el donante privado, de un candidato
ganador?
Un
tope en los gastos de campaña, pudiera garantizar que en los espacios políticos
exista una verdadera y efectiva contienda electoral, permitiendo que candidatos
de distintas organizaciones políticas e independientes, accedieran a los cargos
públicos de elección popular en condiciones de equidad.
Con
el tope en los gastos de campaña, se impide que los partidos que cuentan con
fondos económicos, restrinjan las posibilidades de acceso al poder de los
partidos pequeños o de las nuevas fuerzas políticas, y evitaría que los
candidatos, tuviesen que salir en búsqueda de excesivas sumas de dinero
convirtiéndose en blancos fáciles de los dineros ilícitos y de la corrupción.
En
Colombia, el incumplimiento de los topes máximos de gastos de campañas, es
sancionado con pérdida de la investidura o el cargo, exclusión del
financiamiento por vía de reposición de votos, y multas. La Ley 130 de 1994,
dispone que “…ningún candidato a cargo de elección popular podrá invertir en la
respectiva campaña suma que sobrepase la que fije el Consejo Nacional Electoral,
bien sea de su propio peculio, del de su familia o de contribuciones de
particulares”.
En
Argentina con la Ley 26.215 de 2007, los partidos políticos o alianzas con
motivo de la campaña electoral, no podrán recibir un total de recursos privados
que supere el monto equivalente a la diferencia entre el tope máximo de gastos
de campaña fijado por la ley y el monto del aporte extraordinario para campaña
electoral correspondiente al partido o alianza. El presidente y tesorero del
partido y los responsables políticos y económico financiero de campaña serán
pasibles de inhabilitación de seis (6) meses a diez (10) años, para el
ejercicio de sus derechos de elegir y ser elegido en las elecciones a cargos
públicos nacionales, y en las elecciones de autoridades de los partidos
políticos y para el ejercicio de cargos públicos y partidarios, cuando: a)
autoricen o consientan la utilización de cuentas distintas de las establecidas
en esta ley para el financiamiento de la actividad del partido político o de la
campaña electoral. b) no puedan acreditar debidamente el origen y/o destino de
los fondos recibidos.

En Panamá no existe el tope para el
financiamiento privado. El proyecto de Ley 292, de reformas electorales,
pretendía hacerlo.
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