El precio en el contrato público y el sobrecosto

El precio en el contrato público y el sobrecosto

Un sobrecosto,
también conocido como un incremento de costo o sobrepasar
el presupuesto
, es un costo inesperado
que se incurre por sobre una cantidad presupuestada debido a una subestimación
del costo real durante el proceso de cálculo del presupuesto. (Enciclopedia
Libre).
Es obligatorio para los servidores públicos, el
establecer en las compras públicas, un buen precio, para lograr el mayor beneficio para el
Estado, de acuerdo a lo que dispone la Constitución, en su artículo 266.
Establecer un precio
inflado, es ilegal y delictivo.
¿Cómo
se establece generalmente, el precio de referencia, en un proyecto u obra?
Las
unidades administrativas suelen buscar varios precios del producto, en el
mercado, hacen una mediana y lo suben un poco, de manera responsable, (como
buen padre de familia)  para alentar al oferente, a que participe en los
actos públicos programados. Nunca debe inflarse desproporcionadamente
un precio, pues sería un sobrecosto.
La Corte, dijo lo
siguiente, sobre el tema de las adquisiciones públicas a buen precio:
 El mayor beneficio para
el Estado debe ser apreciado no sólo desde la perspectiva del más bajo costo
posible
 sino también de la mejor calidad en cuanto a la obra, bien o
servicio de que se trate. Igualmente, ese mayor beneficio  que el
Constituyente quiere que se alcance a través del trámite de selección de
contratista, del cual, se repite, la licitación es sólo una de sus modalidades,
debe permitir la escogencia objetiva de la mejor oferta, hecha por proponentes
calificados con credenciales de seriedad y cumplimiento para asegurar las
condiciones más beneficiosas al interés general.” Resolución del 27 de abril de
2009. Entrada No. 172-08.
La contratación directa, de
ningún modo exime del cumplimiento de precisar de antemano, un buen precio,
para el producto, que se pretende recibir de un particular.  Mismo que se
debe hacer, de acuerdo a los valores reales del mercado, de manera referente.
Los
funcionarios que incumplen su labor, sobre este tema,  podrían sufrir los
rigores de un proceso administrativo, penal y patrimonial en su contra. Los
particulares beneficiados, podrían estar obligados a devolverle al Estado el
monto del sobrecosto, si media una sentencia en su contra, del Tribunal de
Cuentas. 
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