¿Es viable la destitución de la Contralora al igual que la de Patria Portugal?

¿Es viable la destitución de la Contralora al igual que la de Patria Portugal?

A la Defensora del Pueblo se le ha destituido del
cargo, por haber obrado con negligencia notoria en el cumplimiento de los
deberes del cargo,  producto de  haber firmado unos contratos directos por un
monto inferior a los 300,000.00, dólares, llevados a cargo con el refrendo de
la Contraloría General de la República.

¿La Contralora debe seguir la misma suerte que la Defensora del Pueblo?

Respuesta: Jurídicamente no; debido a que por el monto de las contrataciones
refrendadas, ella no refrendó tales instrumentos, sino un Jefe Sectorial,
delegado por ella: Por  consiguiente, la Contralora General, no es
responsable directa ni solidaria de tales contrataciones, sino su personal
delegado, que participó en los actos cuestionados. Lo que dicen lo contrario,
ignoran el régimen interno de la Contraloría General.
El artículo 55 de la ley 32 de 1984, (orgánica de
la Contraloría)  permite a la Contralora, el  delegar algunas
atribuciones en otros funcionarios, por lo que serán éstos los responsables
directos, por el ejercicio de tal encomienda y no el delegante contralor.
Hoy en día, hay varios casos de ex ministros del
MEDUCA, del gobierno anterior, que son sujeto de procesos penales juntamente
con el Jefe Sectorial de la Contraloría  y personal delegado de la
comentada entidad fiscalizadora, por que participaron en los actos,  pero
nunca, se procesó al Contralor, de esa época, por los términos que vengo exponiendo. 
No me parece objetivo que algunos pretendan, en
estos momentos, exigir responsabilidad a la Contralora, en el caso de la
Defensoría del Pueblo, por actos que ejecutaron sus subalternos, por delegación
administrativa de funciones; si ayer no exigieron esa misma responsabilidad, al
Contralor de los gobiernos anteriores, que también delegó sus atribuciones en
otros funcionarios, que cometieron actos cuestionados.
Finalmente comento, que si estoy de acuerdo que la
responsabilidad que se le endilgue a la Defensora del Pueblo, sea extendida a
los funcionarios de la Contraloría, que participaron en la evaluación y
suscripción de los actos sujeto a investigación.

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