Medida
cautelar contra el exalcalde de la ciudad de Panamá
Analizando en
frío, la medida cautelar de secuestro, que se emitió contra el otrora alcalde
capitalino, su exsecretario general  y contra tres empresas privadas, manifiesto
que me parece sensata y acorde con el derecho positivo, tal decisión tomada por
el Tribunal de Cuentas.
Explico.
1.      
El secuestro no lo pidió la Contraloría General,
sino el Fiscal de Cuentas, de acuerdo con el auto de secuestro  No. 268-13 de 2 de agosto de 2013.
2.      El Fiscal pidió la medida al Tribunal por que
pesaban, a su juicio, serios hallazgos en el informe de auditoría especial No.
035-576-2012 de 4 de octubre de 2012, realizado por la Contraloría General, relacionados
con el cumplimiento de varios contratos hechos. El Tribunal accedió a lo
pedido, pues lo halló adecuado y conforme a derecho.
3.      
Los principales hallazgos encontrados son: no se
realizaron evaluaciones para establecer el grado de necesidad institucional,
que justificaran los servicios de consultorías formalizados; entrega de cheque
a proveedor, por una sección administrativa no autorizada; contratos
innecesarios de consultorías, cuyos resultados no son funcionales a la
Alcaldía; ausencia de manuales para el manejo de las consultorías;   el
informe final de la ejecución de un contrato no reposa en el expediente; consultorías
realizadas sin la participación de las unidades administrativas que establecían
los contratos;  contratos ejecutados sin
emitirse la orden de proceder y se detectaron fallas en el control interno.
4.      
Afirmo que si el Tribunal de Cuentas, no hubiera
decretado el secuestro rogado por el Fiscal de Cuentas, entonces la decisión si
hubiese sido considerada como política, ya que los que litigamos en la
jurisdicción de cuentas, hemos visto secuestros de bienes a personas, por menos hallazgos
encontrados, que los que reposan en el informe de Contraloría, antes citado.
Debe quedar claro
que el secuestro no implica la culpabilidad de los investigados, eso está por
definirse en el proceso en sí; pues la medida tomada, es sólo para que el
proceso instaurado, no se haga ilusorio, en caso de hallarse culpables, a la
postre, por una lesión patrimonial infligida contra el Estado.
¿Qué esperamos que siga haciendo la Contraloría General?
Las auditorías
especiales sobre todos los contratos cuestionados en la sociedad, hoy en día.
El hecho de
que los resultados de éstas últimas, en el evento de que se estén haciendo,
demoraran, tal tardanza, no debiera deslegitimar el secuestro decretado bajo examen,
a mi juicio;  en base los términos ya
expuestos. 

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