Propaganda electoral

Propaganda electoral





El Decreto 14 de 16 de agosto de 2012, del Tribunal Electoral, reglamenta la contratación de propaganda electoral y en su artículo 1 manifiesta que solamente pueden contratar propagada electoral, los siguientes entes:

1. Los candidatos o precandidatos para su propia propagada o en contra de sus adversarios.

2. Los partidos políticos en su favor o en contra de los adversarios, y

3. Las ONGs con personería jurídica, que se hayan inscrito en él TE, siempre que hayan justificado el interés sobre el bien común que tienen en el proceso electoral y los objetivos que persiguen al comprar la propaganda política.

En tal sentido, por el principio constitucional de la libertad de expresión, deberían las partes antes descritas, poder pautar con libertad, propagadas políticas, siguiendo los lineamentos del propio decreto en cuestión y acatando las restricciones del código electoral. 

Código Electoral



Artículo 202. La propaganda electoral queda sujeta a las siguientes restricciones:



1. El uso de los símbolos patrios, de conformidad con el artículo 6 de la Constitución Política.

2. El uso no autorizado de símbolos de los partidos y de los candidatos.

3. El uso no autorizado de la imagen personal, según lo establece el artículo 577 del Código de la Familia.

4. Los mensajes que, de cualquier manera, irrespeten la dignidad humana, la seguridad de la familia, la moral y las buenas costumbres.

5. Que se divulgue toda propaganda electoral a través de los medios de comunicación social, sin estar respaldada por la firma y las generales de una persona responsable, para los fines electorales, civiles y penales correspondientes. En el caso de personas jurídicas, deben estar respaldadas por la firma del representante legal o su apoderado.

6. Que se destruya, quite, remueva, tape o altere toda propaganda electoral, sin autorización previa del dueño, salvo disposición emitida por el Tribunal Electoral.



Si bien el Tribunal Electoral, debe ser celoso en honrar la normativa electoral vigente sobre el tema, no debe con ello interpretar las disposiciones de tal manera, que vaya a desvirtuar el sagrado y constitucional principio de la libertad de expresión, que es uno de los pilares de nuestra democracia.

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