La Huelga médica

La Huelga médica

Definitivamente que los funcionarios que forman parte de la dirigencia médica
que ha motivado la decisión de mantenerse en una prolongada huelga médica,
podrían estar flagelando el artículo 356 del código penal patrio, pues los servidores
públicos de la salud, deben atender a la población que acude a solicitar sus servicios
pagados por el Estado.
Código penal
Artículo 356. El servidor público
que, ilegalmente, rehúse, omita o retarde algún acto propio de su cargo será
sancionado con prisión de seis meses a un año o su equivalente en días-multa o
arresto de fines de semana.
No sólo preocupa la
falta de atención médica, sino que a los dirigentes se les ha escuchado en los
medios de comunicación, infundiendo falso temor en la población, al manifestar
que los médicos foráneos, que vendrían al país a brindar sus servicios, no se
les va a exigir los mismos requisitos que a los profesionales nacionales, cuando
no es verdad, al tenor de lo que dispone el artículo 4 numeral 4 de la ley 69
de 2013, que expresamente obliga al extranjero a cumplir con todos los requisitos
que les exigen a los profesionales y técnicos de salud nacionales, en cuanto a
la disciplina correspondiente.
Debe quedar claro que el Estado
tiene una responsabilidad constitucional en el sector salud, por lo que tiene que
hacer ingentes esfuerzos para procurar el cese inmediato, de esta huelga, pues
podría afrontar reclamaciones en su contra, por pacientes afectados, dado el
caso.
En
fallo  de 3 de diciembre de 2008, la Sala Tercera de la Corte Suprema de
Justicia precisó  que la responsabilidad del Estado en el sector salud,
parte de dos premisas fundamentales establecidas en el artículo 109 de la
Constitución Política: 1) es función esencial del Estado velar por la salud de
la población de la República; y 2) el individuo, como parte de la comunidad,
tiene derecho a la promoción, protección, conservación, restitución y
rehabilitación de la salud y la obligación de conservarla, es decir, un
completo bienestar físico, mental y social.

Las dos premisas elementales permiten
colegir en acuerdo a la doctrina, que la responsabilidad del Estado en materia
de salud, por lo general surge cuando el servicio no se presta y cuando se
presta mal o en forma deficiente. En el primer caso, puede ocurrir que alguna
persona que demanda un servicio de salud al Estado, no lo recibe. Mientras que
en el segundo supuesto, es probable que el servicio de salud se preste en forma
deficiente, mal o de manera negligente; esta responsabilidad “resulta de las
disposiciones legales que de manera general regulan la institución”; basta que
se demuestre que se prestó deficientemente o sencillamente se prestó mal para
que se concluya que hubo falla en la prestación del servicio”.

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