Normas de carácter procesal, penal y penitenciario de la Policía

Normas de carácter procesal, penal y penitenciario de la Policía



En democracia, ha habido una evolución normativa en torno a las garantías de los miembros de la Policía Nacional, que han cometido faltas, por motivo del uso de la fuerza, por la presunta comisión de un delito ejecutado en acto del servicio o en cumplimiento del deber. (Artículos 127 y 128 de la ley de la Policía nacional)

1. Ley 18 de 1997, sancionada por Ernesto Pérez Balladares. Aquí a los miembros de la Policía, no se le decretaba la suspensión provisional del cargo, mientras no se dictara la sentencia condenatoria. Se le podía decretar la detención preventiva, pero se cumplían dentro de las instalaciones policiales. Durante la detención preventiva, al sindicado se le asignaban funciones administrativas, dentro de las instalaciones policiales. Igualmente la ejecución de las penas, por delitos culposos, se cumplían en las instalaciones policiales.

2. Ley 74 de 2010, que subrogó los artículos pertinentes de la Ley 30 de 2010, sancionada por Ricardo Martinelli. Aquí no se decreta la detención preventiva. Sigue la misma garantía de la no suspensión del cargo hasta contar con la sentencia en firme y lo de la posibilidad de realizar funciones administrativas, hasta que haya condena en firme, pero ahora se aclara que las funciones se han de cumplir fuera del área donde ocurrieron los hechos, sin tener ninguna participación directa en operaciones de campo.

Como se puede apreciar, no son sustanciales los cambios entre norma y norma; a mi juicio, no obstante, por los hechos acaecidos, sobre abusos policiales, se abre el compás para debatir sobre si es viable mantener las garantías expresadas o no.

Las estadísticas que pudieran existir, sobre abusos policiales, nos podrían orientar, (si se publicaran éstas), en base a la cantidad de las mismas, para decidir lo que mejor conviene para los ciudadanos en justicia e igualdad, y poniendo al soslayo, el elemento político, que a veces daña el balance objetivo de los casos.

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