Problemas en la ampliación del Corredor Sur

Problemas en la ampliación del Corredor Sur

Autoridades panameñas
han planteado que la ampliación del Corredor Sur se pagaría con la cesión de
los derechos de relleno de 44 hectáreas que posee actualmente Empresa Nacional
de Autopista (ENA) SUR, en virtud del contrato de concesión 70-96 de 6 de
agosto de 1996.
Para ello se ha presentado
a la Asamblea Nacional el proyecto de ley Nº683 que posibilita al concesionario ceder en todo o
parte de los derechos de relleno del lecho marino que se le hayan reconocido,
sin que constituya limitación, a favor de acreedores, fiduciarios y/o agentes
de garantía locales o internacionales, para garantizar el financiamiento de la
construcción, expansión o mejoramiento de las obras públicas objeto de la
concesión. Igualmente, el Ministerio de Obras Públicas, previa autorización del
Consejo de Gabinete, podrá autorizar al concesionario la cesión de los derechos
de relleno de lecho marino a favor de terceros, una vez el Consejo de Gabinete
haya desafectado las mismas e
inscritas como bienes patrimoniales de la Nación, como medio de pago por la
ejecución de las obras y/o la prestación de los servicios correspondientes.
A mi juicio ese
proyecto podría tener visos de inconstitucionalidad, por lo siguiente:
Ningún relleno de fondo
de mar, se puede dar en venta, por un impedimento constitucional.

CONSTITUCIÓN

“ARTICULO 258. Pertenecen al Estado y son de uso público y, por consiguiente,
no pueden ser objeto de apropiación privada:


1. El mar territorial y las aguas lacustres y fluviales, las playas y riberas
de las mismas y de los ríos navegables, y los puertos y esteros. Todos estos
bienes son de aprovechamiento libre y común, sujetos a la reglamentación que
establezca la Ley.
2. Las tierras y las
aguas destinadas a servicios públicos y a toda clase de comunicaciones.

3. Las tierras y las aguas destinadas o que el Estado destine a servicios
públicos de irrigación, de producción hidroeléctrica, de desagües y de
acueductos.

4. El espacio aéreo, la plataforma continental submarina, el lecho y el
subsuelo del mar territorial.

5. Los demás bienes que la Ley defina como de uso público. En todos
los casos en que los bienes de propiedad privada se conviertan por disposición
legal en bienes de uso público, el dueño de ellos será indemnizado.”
  
JURISPRUDENCIA

El Pleno de la
Corte Suprema de Justicia de Panamá, en el caso ICA, en sentencia de 30 de
diciembre de 2004, resolvió un tema parecido profiriendo que: “Si se está
rellenando un bien de dominio público como lo es el lecho marino, no es
coherente indicar que estos rellenos automáticamente se transforman en bienes
patrimoniales. De ser así, el Estado perdería una de sus más importantes
potestades, como lo es la disposición que tiene el anterior con respecto a los
bienes de dominio público.


Si el Estado permite que los rellenos que se hagan sobre bienes de dominio
público sean propiedad privada, estará perdiendo parte del patrimonio y de los
elementos constitutivos del Estado, como lo es el mar territorial, playas, el
lecho marino, etc.”
En Sentencia de la
Sala Tercera de la Corte de 28 de agosto de 2012, en el caso del
Hotel Miramar y los estacionamientos soterrados,  que fueron rellenos
de fondo de mar, dijo que si es viable contratar en CONCESIÓN, los rellenos, (aquí
no se habló de VENTA).
¿Qué
es la desafectación?
La figura de la
desafectación sobre terrenos de dominio público, permite que los mismos puedan
formar parte del dominio privado y opera por voluntad del Estado, a través de
un acto público, que pueda desafectar un bien de dominio público y convertirlo
a la postre, en bien patrimonial o fiscal del Estado, y por ende, susceptible
de enajenación.

No obstante, la desafectación debe aplicarse emitiendo los actos
administrativos, que afectaron un bien, es decir, si una ley afectó un bien en
dominio público, otra ley podría desafectarlo. Decir que una ley o peor, aún el
Consejo de Gabinete,  puede desafectar a un bien de dominio público
establecido por la Carta Magna, no solo sería contra natura, sino que
atentaría groseramente, contra la jerarquización de las normas que privan en
Panamá.

De lo expuesto se afirma que una ley no puede derogar lo precisado por la Constitución,
pues sería, inconstitucional, el hecho arbitrario.

Abanicar la idea de vender los terrenos rellenados sobre fondo de mar, por la
figura de la desafectación, que no debiera aplicar, para los bienes de dominio
público que están bajo la prohibición, del Artículo 258 de la Carta Magna,
podría a su vez, abrir la posibilidad de que en el futuro, con la promulgación
de otra ley, o con el aval del Consejo de Gabinete, cualquier gobierno, pudiera
también vender, la plataforma continental, los ríos navegables, el espacio
aéreo y demás bienes que están en el mismo artículo mencionado.

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