Proyectos inquietantes en las sesiones extraordinarias

Proyectos inquietantes en las sesiones extraordinarias

La Asamblea se aboca a
debatir varios temas en sesiones extraordinarias.
A continuaciones
algunos de los que yo considero inquietantes, por lo cual la Asamblea deberá
debatir con buen juicio y con sentido de patria, los mismos.
1.    Proyecto
de ley 651.  Hay un artículo inexplicable
en el mismo, que blinda a la fuerza pública más allá de todo sentido común y
racional, de las amenazas y hasta de la intimidación.
Artículo 42. Se adiciona el artículo 388-B al Código
Penal, así:
“Artículo 388-B.
Quien mediante el uso de la fuerza física o intimidación, amenace  a
testigos, peritos, jueces, fiscales o agentes
de la fuerza pública
, será sancionado  con prisión de ocho a doce años.”
A mi juicio la
intimidación, puede concretarse como amenaza física, miradas feas, manipulación
emocional excesiva, malas palabras abusivas, humillación y hasta maltrato
físico. Con ésta se pretende que los otros hagan lo que uno desea a
través del temor.  
Mientras que la amenaza
consistente en el anuncio de un mal por venirle al escucha.
2.      
Proyecto de ley 387. Busca consolidar una base de datos sobre los seguros
de vehículos.
Se pretende incluir
en la base de datos, asuntos relacionados con los seguros de autos, y en esa
misma línea podría en un futuro incluirse hasta a los deudores con del fisco,
de los municipios, de la CSS y así sucesivamente, hasta convertirnos en un estado policíaco y
ese no es el sentido de la herramienta tecnológica que se diseñó para
luchar contra la delincuencia. Es más, el Ministerio de Trabajo ya ha creado su
propio pele pólice para asuntos de extranjería laboral.
Es inadmisible tratar de ampliar la base de datos para el pele pólice,
sin haber reglamentado primero el uso de la herramienta.

3.     
Proyecto de ley 683 que posibilita al concesionario ceder
en todo o parte de los derechos de relleno del lecho marino que se le hayan
reconocido, sin que constituya limitación, a favor de acreedores, fiduciarios
y/o agentes de garantía locales o internacionales, para garantizar el
financiamiento de la construcción, expansión o mejoramiento de las obras
públicas objeto de la concesión. Igualmente, el Ministerio de Obras Públicas,
previa autorización del Consejo de Gabinete, podrá autorizar al concesionario
la cesión de los derechos de relleno de lecho marino a favor de terceros, una
vez el Consejo de Gabinete haya desafectado las mismas e
inscritas como bienes patrimoniales de la Nación, como medio de pago por la
ejecución de las obras y/o la prestación de los servicios correspondientes. 
    A mi juicio ese proyecto podría tener visos de inconstitucionalidad, porque
ningún relleno de fondo de mar, se puede dar en venta, por un impedimento
constitucional. (Art. 258)
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