La necesaria regulación del uso de la base de datos estatal

La necesaria regulación del uso de la base de datos estatal

Entidades del Estado están suministrando la base de datos de
los ciudadanos a particulares, violando la intimidad de las personas, en rango
constitucional.
Carta Magna
ARTICULO 42. Toda persona tiene derecho a acceder a la
información personal contenida en bases de datos o registros públicos y
privados, y a requerir su rectificación y protección, así como su supresión, de
conformidad con lo previsto en la Ley.
Esta información
sólo podrá ser recogida para fines específicos, mediante consentimiento de su
titular o por disposición de autoridad competente con fundamento en lo previsto
en la Ley.
Por
ejemplo, el Tribunal Electoral la vende a particulares mediante un precio, porque
lo posibilito de manera absurda, la ley del Registro Civil, en su artículo 83.
La norma
dice así: “El Tribunal Electoral, a través de la Dirección Nacional del
Registro Civil, podrá brindar por Internet u otros sistemas de comunicación,
servicios de verificación y consulta de identidad ciudadana, de conformidad con
las tarifas y la reglamentación aprobada al efecto por los magistrados del Tribunal
Electoral”.
A mi
juicio esto afecta la intimidad de las personas  y pocos conocían este detalle.
De
igual forma, la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) retomará
el proyecto de cámaras de videovigilancia en un futuro, que inspeccionarán
la velocidad de los vehículos en la ciudad. Eso se sustenta en  la Concesión No. 40-11 en donde la ATTT le concede a la
empresa TRAFFIC SAFETY DE PANAMA, S.A., el suministro, la instalación y
operación del servicio de cámara de vigilancia para la seguridad vial en la
República de Panamá, y se consolidó con la Adenda No. 01- 12.  La ATTT permitirá darle la base de datos
sensitiva de los usuarios al concesionario, para que trabaje con ella,  y así sucesivamente.
Creo
que los legisladores deben ajustar las normas legales a la Constitución, al
punto de permitir solo el suministro de la base de datos del Estado, para
aspectos de seguridad nacional y del orden público.

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