El precio en el contrato público y el sobrecosto

El precio en el contrato público y el sobrecosto

Un sobrecosto, también
conocido como un incremento de costo o sobrepasar el
presupuesto
, es un costo inesperado que se incurre por sobre una cantidad
presupuestada debido a una subestimación del costo real durante el proceso de
cálculo del presupuesto. (Enciclopedia Libre).
Es obligatorio
para los servidores públicos, el establecer en las compras públicas, un buen
precio, para lograr el mayor beneficio para el Estado, de acuerdo a lo
que dispone la Constitución, en su artículo 266.
Establecer un
precio inflado, es ilegal y delictivo.
¿Cómo se establece generalmente, el
precio de referencia, en un proyecto u obra?
Las unidades administrativas suelen
buscar varios precios del producto, en el mercado, hacen una mediana y lo suben
un poco, de manera responsable, (como buen padre de familia)  para alentar
al oferente, a que participe en los actos públicos programados. Nunca
debe inflarse desproporcionadamente un precio, pues sería un sobrecosto.
La Corte,
dijo lo siguiente, sobre el tema de las adquisiciones públicas a buen precio:
 El mayor
beneficio para el Estado debe ser apreciado no sólo desde la perspectiva del
más bajo costo posible
 sino también de la mejor calidad en cuanto a la
obra, bien o servicio de que se trate. Igualmente, ese mayor beneficio 
que el Constituyente quiere que se alcance a través del trámite de selección de
contratista, del cual, se repite, la licitación es sólo una de sus modalidades,
debe permitir la escogencia objetiva de la mejor oferta, hecha por proponentes
calificados con credenciales de seriedad y cumplimiento para asegurar las
condiciones más beneficiosas al interés general.” Resolución del 27 de abril de
2009. Entrada No. 172-08.
La
contratación directa, de ningún modo exime del cumplimiento de precisar de
antemano, un buen precio, para el producto, que se pretende recibir de un
particular.  Mismo que se debe hacer, de acuerdo a los valores reales del
mercado, de manera referente.

Los funcionarios que
incumplen su labor, sobre este tema,  podrían sufrir los rigores de un
proceso administrativo, penal y patrimonial en su contra. Los particulares
beneficiados, podrían estar obligados a devolverle al Estado el monto del
sobrecosto, si media una sentencia en su contra, del Tribunal de Cuentas. 
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