El precio en el contrato público y el sobrecosto

El precio en el contrato público y el sobrecosto

Un sobrecosto, también conocido como un incremento
de costo
 o sobrepasar el presupuesto, es un costo inesperado
que se incurre por sobre una cantidad presupuestada debido a una subestimación
del costo real durante el proceso de cálculo del
presupuesto. (Enciclopedia Libre).
Es obligatorio para los servidores públicos, el establecer en
las compras públicas, un buen precio, para lograr el mayor beneficio para el Estado, de
acuerdo a lo que dispone la Constitución, en su artículo 266.
Establecer un precio inflado, es ilegal.
¿Cómo se establece generalmente, el precio de referencia, en un
proyecto u obra?
Las unidades administrativas suelen buscar varios precios del
producto, en el mercado, hacen una mediana y lo suben un poco, de manera
responsable, (como buen padre de familia)  para alentar al oferente, a que
participe en los actos públicos programados. Nunca debe inflarse
desproporcionadamente un precio, pues sería un sobrecosto.
La Corte, dijo lo siguiente, sobre el
tema de las adquisiciones públicas a buen precio:
 El mayor beneficio para el Estado debe ser
apreciado no sólo desde la perspectiva del más bajo costo posible
 sino
también de la mejor calidad en cuanto a la obra, bien o servicio de que se
trate. Igualmente, ese mayor beneficio  que el Constituyente quiere que se
alcance a través del trámite de selección de contratista, del cual, se repite,
la licitación es sólo una de sus modalidades, debe permitir la escogencia
objetiva de la mejor oferta, hecha por proponentes calificados con credenciales
de seriedad y cumplimiento para asegurar las condiciones más beneficiosas al
interés general.” Resolución del 27 de abril de 2009. Entrada No. 172-08.
La contratación directa, de ningún modo
exime del cumplimiento de precisar de antemano, un buen precio, para el
producto, que se pretende recibir de un particular.  Mismo que se debe
hacer, de acuerdo a los valores reales del mercado, de manera referente.
Los funcionarios que incumplen su labor, sobre este tema, 
podrían sufrir los rigores de un proceso administrativo, penal y patrimonial en
su contra. Los particulares beneficiados, podrían estar obligados a devolverle
al Estado el monto del sobrecosto, si media una sentencia en su contra, del
Tribunal de Cuentas. 
La Contraloría debe negarle el refrendo a un contrato con sobrecosto.
Si lo refrenda, los fiscalizadores serían solidariamente responsables, pues
tienen que ejercer adecuadamente el control previo que está, en rango constitucional.
El concepto de control previo lo definió claramente la Contraloría mediante la Nota Núm.764-Leg. de 23 de mayo de 2000; en la misma, el Contralor
General de la República, de la época, realizó algunas precisiones en torno al
concepto de control previo. Seguidamente, reproducimos la parte medular de la
citada nota. 
“Es importante hacer referencia a cada tipo o modalidad de
Control, a saber: 
1. Control Previo: 
Las orientaciones y lineamientos que proporcionan los
conocimientos y métodos científicos de las Ciencias Superiores de
Fiscalización, permiten definir el Control Previo como la acción de
fiscalización que ejerce el Ente Superior de Control de un país, sobre los
actos administrativos que afecten o puedan afectar un patrimonio público, antes
que tal afectación se produzca, con el propósito de que se realicen con
corrección, dentro de los marcos legales y con razonabilidad económica.
Por otro lado, el concepto legal de Control Previo se precisa en
el  Artículo Segundo de la Ley 22, del 9
de abril de 1976, que  preceptúa:
“ARTÍCULO SEGUNDO: Para los efectos de  esta Ley se entiende por Control Previo la  fiscalización y análisis de las actuaciones  administrativas que afecten un patrimonio  público, antes que tal afectación se
produzca,  a fin de lograr que se
realicen con corrección
y dentro de los marcos legales…”
Véase el comentario del artículo 11 de la Ley 32 de 1984,
precisamente en la página web de la Contraloría General de la República en este
link.

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