Topes para el financiamiento privado, en una campaña electoral: El reto de una buena reforma electoral

Topes para el financiamiento privado, en una campaña electoral: El reto de una buena reforma electoral

Los
costos electorales altos, en mi concepto, para nada benefician la democracia y
hace gravitar entonces, varias preguntas:
¿Cómo
recuperará el candidato, la suma por él invertida en campaña?
¿Se
beneficiará de algún modo, a la postre, el donante privado, de un candidato
ganador?
Un
tope en los gastos de campaña, pudiera garantizar que en los espacios políticos
exista una verdadera y efectiva contienda electoral, permitiendo que candidatos
de distintas organizaciones políticas e independientes, accedieran a los cargos
públicos de elección popular en condiciones de equidad.
Con
el tope en los gastos de campaña, se impide que los partidos que cuentan con
fondos económicos, restrinjan las posibilidades de acceso al poder de los
partidos pequeños o de las nuevas fuerzas políticas, y evitaría que los
candidatos, tuviesen que salir en búsqueda de excesivas sumas de dinero
convirtiéndose en blancos fáciles de los dineros ilícitos y de la corrupción.
En
Colombia, el incumplimiento de los topes máximos de gastos de campañas, es
sancionado con pérdida de la investidura o el cargo, exclusión del
financiamiento por vía de reposición de votos, y multas. La Ley 130 de 1994,
dispone que “…ningún candidato a cargo de elección popular podrá invertir en la
respectiva campaña suma que sobrepase la que fije el Consejo Nacional
Electoral, bien sea de su propio peculio, del de su familia o de contribuciones
de particulares”.
En Argentina con la Ley 26.215 de
2007, los partidos políticos o alianzas con motivo de la campaña electoral, no
podrán recibir un total de recursos privados que supere el monto equivalente a
la diferencia entre el tope máximo de gastos de campaña fijado por la ley y el
monto del aporte extraordinario para campaña electoral correspondiente al
partido o alianza.  El presidente y tesorero del partido y los responsables
políticos y económico financiero de campaña serán sujetos de inhabilitación de
seis (6) meses a diez (10) años, para el ejercicio de sus derechos de elegir y
ser elegido en las elecciones a cargos públicos nacionales, y en las elecciones
de autoridades de los partidos políticos y para el ejercicio de cargos públicos
y partidarios, cuando: a) autoricen o consientan la utilización de cuentas
distintas de las establecidas en esta ley para el financiamiento de la
actividad del partido político o de la campaña electoral. b) no puedan
acreditar debidamente el origen y/o destino de los fondos recibidos.

En Panamá debiera establecerse el tope
consabido,  para fortalecer la equidad
electoral.
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