El PAN y el Ministerio Público

El PAN y el Ministerio Público

El PAN es el Programa de Ayuda Nacional,
adscrito al Ministerio de la Presidencia. Fue creado con el Decreto Ejecutivo
No. 690 de 2010, con el propósito de:

· Concentrar los esfuerzos del Estado a la atención de las necesidades
socioeconómicas de la población más necesitada, con el objetivo de lograr
descender el nivel de pobreza,

· Lograr el desarrollo sostenible de las comunidades marginadas y rurales, que
carecen de los servicios básicos,

· Brindar oportunidades de capacitación, con énfasis en grupos pobres y
marginados, con el fin de satisfacer sus necesidades básicas,

· Fortalecer la capacidad de autogestión de sectores informales de la economía
y de los grupos más necesitados,

· Contribuir a la expansión y al mejoramiento de la infraestructura económica y
social,

· Promover y fortalecer la capacidad de gestión de los Organismos No
Gubernamentales que tengan como objetivo la promoción social, deportiva,
cultural y económica,

· Fortalecer las estructuras de los gobiernos provinciales, locales y de las
agrupaciones naturales en las comunidades, para aumentar su capacidad de
atender las necesidades de su población,

· Responder a las demandas de las poblaciones no resueltas por programas
sociales vigentes e invertir en obras de interés social de los programas de la
Presidencia de la República

· Promover y realizar proyectos de asistencia social, beneficencia y apoyo en
las comunidades estimulando su organización y participación, y

· Promover la inversión en proyectos de interés social.

Otrora se llamaba FIS y antes el FES, en los gobiernos anteriores, y ha sido la
punta de lanza para satisfacer las necesidades inmediata de los pobres.

No obstante lo antes dicho, esta institución ha sido un foco de corrupción y
por su desgreño administrativo, el Ministerio Público promueve investigaciones
amplias, sin embargo, por razones que desconocemos, no ha incorporado en las
mismas hasta hoy, a los integrantes del Consejo Directivo del PAN, que entre
sus funciones por ley tenía, la de fiscalizar y evaluar la ejecución de los
planes y proyectos de ese ente; adicional, debía aprobar los proyectos cuya
cuantía eran mayor de trescientos mil balboas (B/.300,000.00). Todo esto según
el Decreto Ejecutivo 690 de 2010.

El MP debe “ponerse los pantalones largos” y
llevar las investigaciones por el derrotero de la verticalidad formal,
soslayando la suspicacia,  para colaborar, con la administración de
justicia de forma integral y objetiva, “caiga quien caiga”.
Finalmente nos inquieta, que en el caso del
diputado del PARLACEN, Ricardo Martinelli, el MP hizo lo propio en la
investigación en que se le mencionó, remitiendo el caso a la Corte Suprema en
Pleno, como corresponde, para los fines pertinentes,  empero, cuando el
señor Guardia dijo que los diputados del quinquenio anterior “armaban” sus
compras en el PAN, el MP no hizo igual al caso en cita, soslayando a mi juicio,
con el debido funcionamiento y con la exigencia del código procesal penal que
reza así:
Código Procesal penal
Artículo 487.
Competencia. Compete al Pleno de la Corte Suprema de Justicia la investigación
y juzgamiento de los actos delictivos y policivos cuya comisión se atribuya a
los diputados de la República, principales o suplentes.
La investigación
podrá ser promovida por querella o denuncia del ofendido y será presentada ante
la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia.
Cuando se
trate de causas penales no concluidas que se hayan iniciado en una agencia del
Ministerio Público, del Órgano Judicial, del Tribunal Electoral, de la Fiscalía
General Electoral de la jurisdicción aduanera o en cualquiera otra jurisdicción, el funcionario que conozca del caso elevará
inmediatamente
el conocimiento de proceso en el estado que se encuentre, en
lo que concierna al diputado principal o suplente, a la Corte Suprema de
Justicia.
Lo dispuesto
en el párrafo anterior también se aplicará en las causas policivas en que
aparezca involucrado un diputado principal o suplente.

“La justicia que queremos los panameños, es
una sin corrupción, en donde se implemente la certeza del castigo para todos
los infractores de la ley, sin excepción.”
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