OBSERVACIONES al Proyecto de ley No. 305 de 2016, que pretende reformar la Ley 22 de 2006 que regula la contratación pública.

OBSERVACIONES al Proyecto de ley No. 305 de 2016, que pretende reformar la Ley 22 de 2006 que regula la contratación pública.

 

  1. Crea una súper figura pública, la Dirección General de Contrataciones Públicas, que puede imponer multas de hasta un 30% del salario bruto mensual del servidor que se considere responsable de infraccionar la normativa, pero no se contemplan los recursos que correspondan contra la decisión.
  2. Relaja la seriedad en la presentación de la propuesta, al punto de permitirse la subsanación de aquellos documentos no aportados, siempre y cuando no se trate de documentos ponderables.
  3. Afecta la libre empresa dedicada a la capacitación, debido a que sólo la Dirección General de Contrataciones Públicas, será la única habilitada para certificar las horas de capacitación al año, de los funcionarios de compras.
  4. Incapacita para contratar con los nacionales condenados por delitos en Panamá, más allá del tiempo de la inhabilitación que da un juzgado penal.
  5. Aumenta el monto de la contratación menor hasta los 50,000.00, en donde los requisitos de exigencias, son mínimos.
  6. Reduce el monto para la fianza de recurso de impugnación al 10%, para los bienes y servicios, haciendo viable la proliferación de recursos en el Tribunal.
  7. Aumenta los días hábiles para notificar un acto en el sistema virtual, de un día a dos días ahora con la reforma.
  8. Relaja la seriedad en la presentación de la propuesta, al punto de permitirse la subsanación de aquellos documentos no aportados, siempre y cuando no se trate de documentos ponderables.
  9. Puede crear un caos en la salud pública, ya que todos los actos públicos de medicamentos, podrían ser impugnados y suspendidos a la libre, por la sola interposición de un recurso de impugnación.
  10. Podría demorar la ejecución presupuestaria, ya que por la interposición de un recurso, se suspendería todo, hasta contar con el fallo final del caso.
  11. Incapacita para contratar, el haber sido condenado por delitos en Panamá, por sentencia judicial definitiva, no así en el extranjero.
  12. En la Licitación por Mejor Valor no se pone el puntaje mínimo necesario, para poder adjudicar.
  13. En el procedimiento especial de contratación, se facilita la renovación del contrato a perpetuidad, cuyos montos no excedan de 300,000.00 por razones de normalización o por la necesidad de asegurar la compatibilidad con los bienes, el equipo, la tecnología o los servicios.
  14. Impide el subcontrato para los inhabilitados, obstaculizando la viabilidad futura de la subrogación del contrato, para las aseguradoras que generalmente subcontratan a los que se les ha resuelto el contrato.
  15. Impone un silencio administrativo positivo en favor de la administración, ante el Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas, funesto para la decencia en las adjudicaciones de los actos públicos.
  16. No establece sanciones para las entidades que no cumplan las decisiones del Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas.

 

 

 

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