La selectividad en las auditorías de la Contraloría

La selectividad en las auditorías de la Contraloría

De manera inaudita la Contraloría General,  con la Nota No. 22-16-DS de 28 de marzo de 2016, de manera elegante le informa al Procurador de la Administración que para realizar las auditorías  rogadas sobre los contratos públicos, ejecutados por la empresa Odebrecht, requiere le proporcione una serie de información  que debe entenderse que es de competencia de la misma Contraloría y no del señor Procurador en cita.

La Contraloría ibídem le informa que realizará las acciones “una vez nos suministre (el Procurador) la información requerida”.

La Ley No. 32 de 1984, publicada en la Gaceta Oficial Nº 0188 del 20 de noviembre de 1984, desarrolla las funciones de la Contraloría General  que debe realizar per se, (sin la supeditación de la investigación previa de otro ente del Estado) y entre las cuales, está la siguiente:

“Realizará inspecciones e investigaciones tendientes a determinar la corrección o incorrección de las operaciones que afecten patrimonios públicos y, en su caso, presentará las denuncias respectivas. Estas investigaciones pueden iniciarse por denuncia o de oficio, cuando la Contraloría lo juzgue oportuno…”

Si se analiza esta respuesta  con la desatención de la Resolución del 12 de marzo de 2015, del PLENO de la Corte Suprema de Justicia, que exteriorizó que le corresponde a la Contraloría General de la República el exigir la rendición de cuentas por el manejo de los fondos o bienes públicos a los 71 diputados que administraron las partidas circuitales en el quinquenio 2009-2014 y que al día de hoy, la Contraloría General no ha hecho nada al respecto, se podría concluir que la Contraloría General practica hoy una especie de selectividad en las auditorías y esto no es conveniente para el manejo transparente de los fondos y bienes públicos.

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