El veto presidencial sobre la contratación pública

El veto presidencial sobre la contratación pública

El excelentísimo señor presidente de la República de Panama, Juan Carlos Varela vetó parcialmente los artículos 1, 24, 33, 35, 36, 50, 66 y 77 del proyecto de Ley 305,  que reforma la Ley 22 de 2006, que regula la contratación pública y dicta otras disposiciones, por inconveniencia.

A mi juicio el veto bajo comentario es confuso y debilita la transparencia y la coherencia debida del caso, por lo siguiente:

Debilidad sobre la transparencia.

Minimiza la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción; ya que posibilita (por omisión)  que se siga contratando con empresas sentenciadas por corrupción en el extranjero, violando el tratado en cuestión.

Conforme a la Ley 15 de 2005, que aprueba la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, Panamá no debiera contratar con personas naturales o jurídicas corruptas, en el ámbito local ni internacional.

 Artículo 34 Consecuencias de los actos de corrupción.

Con la debida consideración de los derechos adquiridos de buena fe por terceros, cada Estado Parte, de conformidad con los principios fundamentales de su derecho interno, adoptará medidas para eliminar las consecuencias de los actos de corrupción. En este contexto, los Estados Parte podrán considerar la corrupción un factor pertinente en procedimientos jurídicos encaminados a anular o dejar sin efecto un contrato o a revocar una concesión u otro instrumento semejante, o adoptar cualquier otra medida correctiva.

 

Además, procura mantener que el precio estimado, en la Licitación por Mejor Valor con Evaluación Separada, se encuentre en un sobre cerrado y no se publique previamente como se hace en el resto de los actos públicos.

Poca coherencia lógica.

Si la decisión del Mandatario se basó en la supuesta inconveniencia del artículo 1 del proyecto 305, el cual no contiene las disposiciones inicialmente propuestas en lo referente a la adquisición de bienes, servicios y obras, en especial, del sector de la salud pública, ni las introducidas en el primer debate en la Asamblea, por coherencia debió vetar también, el artículo que dice que todos los recursos de impugnación se conceden en el efecto suspensivo, pero no lo hizo. En tal sentido, si se prohíja el veto,  todas las compras de medicamentos podrían quedar paralizadas, por los recursos que se pudieran interponerse libremente.

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