El aumento de la tarifa en el Corredor Sur

El aumento de la tarifa en el Corredor Sur

El Consejo de Gabinete, con la Resolución No. 110 de 18 de agosto de 2016, aprobó nuevas tarifas en algunos puntos del Corredor Sur.

A mi juicio, el instrumento de marras nace a la vida jurídica con una debilidad: No fue consultada con la ciudadanía, como lo ordena el Artículo 24 de la Ley 6 de 2002.

Ley 6 de 2002

Artículo 24. Las instituciones del Estado en el ámbito nacional y local, tendrán la obligación de permitir la participación de los ciudadanos en todos los actos de la administración pública que puedan afectar los intereses y derechos de grupos de ciudadanos, mediante las modalidades de participación ciudadana que al efecto establece la presente Ley. Estos actos son, entre otros, los relativos a construcción de infraestructuras, tasas de valorización, zonificación y fijación de tarifas y tasas por servicios.

La finalidad de la participación ciudadana, según la Corte.

La Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia del 25 de mayo de 2016, expediente No. 9-12, con ponencia del magistrado Abel Augusto Zamorano, determinó la finalidad que tiene la participación ciudadana en nuestra sociedad, así:

“Y es que la participación ciudadana, no tiene como finalidad única informar al ciudadano de una gestión pública o saber su opinión en la adopción, sino que constituye un mecanismo de integración en los asuntos que les afectan como ciudadanos y como comunidad; un método de concienciación y evaluación de las opciones y decisiones que se pretenden adoptar; una forma de apoyo y seguimiento en la ejecución de la decisión y su efectivo cumplimiento; un medio para la educación sobre un tema en particular de interés general y sus distintas afectaciones; un espacio para que el ciudadano exprese y adopte su visión, lográndose niveles de consenso, compromiso y aceptación; y también lograr el objetivo de la transparencia en las decisiones que se adopten en un gobierno, facilitándose en cierta forma el desarrollo y una democracia participativa”.

En nuestra legislación, la participación ciudadana se encuentra regulada en la Ley 6 de 22 de enero de 2002, cuyo objetivo es hacer viable la transparencia en el ejercicio de la gestión pública.

De acuerdo la doctrina jurisprudencial de marras, la ley arriba citada, deja un amplio margen para que la Administración y la ciudadanía evalúen y precisen al momento de la realización de su gestión, cuáles otros actos debe imprimírsele este trámite obligante de participación ciudadana,  contando como parámetro que la temática suponga una posible afectación a los intereses y derechos de la colectividad.

Por lo antes expuesto, en mi concepto, el aumento de la tarifa en comentario, pudiera tener visos de ilegalidad.

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