El caso Odebrecht

El caso Odebrecht

Preocupante la línea de investigación que tiene hasta ahora el Ministerio Público en el caso del Grupo Odebrecht.

La fiscalía panameña ordenó indagar a 17 personas por presunto blanqueo de capitales, recientemente.

¿Por qué  la figura del blanqueo de capitales?

Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Odebrecht pagó en Panamá, entre el 2010 y 2014, más de US$ 59 millones en sobornos a cambio de contratos; debido a ello, se investiga por el comentado tipo penal.

De mantenerse la investigación únicamente por esta vía, se debilitaría la objetividad en este caso, ya que se soslaya hoy, la exploración hacia otros tipos penales, como por ejemplo, los Delitos en contra de la Administración Pública, para lo cual se requeriría de las auditorías de la Contraloría, ente muy pasivo hasta ahora, en esta investigación.

En sentencia del PLENO de la Corte Suprema de Justicia del 3 de julio de 2014, se determinó que las únicas auditorias que tienen valor para acreditar un delito contra la Administración Pública, son las que hace la Contraloría.

La Corte dijo:

“Ahora bien, tratándose de la presunta comisión de un delito Contra La Administración Pública, en la modalidad de Peculado, es necesario indicar que para acreditar la existencia de un faltante o perjuicio patrimonial a las finanzas del Estado, es menester que la Contraloría General de la República realice la auditoría correspondiente por intermedio de su personal idóneo, en este caso los auditores, quienes luego de concluida su investigación determinarán si efectivamente se ha cometido un hecho irregular que produjo como resultado una lesión al patrimonio del Estado, y quiénes estarían relacionados a esa irregularidad…”.

El Ministerio Público debería ordenarle a la Contraloría, que audite todas las obras y contratos que ha hecho el Grupo Odebrecht desde que llegó a Panamá, hasta nuestros días, para determinar si los contratos se sujetaron a los valores reales del mercado; de igual manera, serían procedentes, las auditorías por supuestos enriquecimientos injustificados a todos los funcionarios y exfuncionarios, que tuvieron injerencia, con las contrataciones de la señalada empresa.

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