La labor del Diputado en Panamá

La labor del Diputado en Panamá

La función de un Diputado panameño es la de expedir leyes, pero que sean necesarias para el cumplimiento de los fines del Estado y acorde con las funciones de cada organismo público al momento de su creación. (Artículo 159 constitucional).

Adicional a lo anterior, tiene potestades administrativas, (Artículo 161 constitucional) y la función judicial, para conocer de las acusaciones o denuncias contra el Presidente de la República y los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia. (Artículo 16o de la Carta Magna).

Dentro de la demanda de inconstitucionalidad que interpuse contra el Decreto N° 441-2016-DMySC de 25 de octubre de 2016, de la Contraloría General de la República, por el cual se aprueba el documento titulado “Requisitos y Controles para otorgar Apoyos en la Asamblea Nacional de Panamá (Donativos y Subsidios)”, publicada en la Gaceta Oficial N° 28151-A de 25 de octubre de 2016, la PROCURADORA GENERAL DE LA NACIÖN, con la Vista N° 36 opina que es inconstitucional lo demandado por el suscrito.

La Procuradora General  dice:

“La naturaleza jurídica de dicho Órgano del Estado panameño (Asamblea Nacional), según se extrae del contenido y estudio de las normas constitucionales relativas a su existencia, revelan que no está destinada a tal actividad (dar donativos y subsidios), sino más bien hacia la labor legislativa (expedir leyes judiciales); judicial, cuando le corresponda juzgar al Presidente de la República o a los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia; y administrativa (artículo 161). Más aún, le está vedado inmiscuirse por medio de resoluciones en asuntos que son de la privativa competencia de otros Órganos del Estado (numeral 2 del artículo 163 de la Constitución Política).

Sobre el tema, El Procurador de la Administración Rigoberto González Montenegro, ha dicho que: “el manejo de donaciones por parte de los diputados es inconstitucional a todas luces, porque no hay una norma en la Constitución que faculte a la Asamblea para hacer donaciones ni manejar fondos.”

 

Por su parte,  la Directora General de la ANTAI, licenciada Angélica Maytín, sostuvo que: “somos del criterio que estas donaciones se deben eliminar y no reglamentar, tal como propone la Contraloría General de las República.  Advertimos, que dentro de las funciones Constitucionales asignadas a los Diputados de la República, no se encuentran las de administrar recursos públicos”.

El Pleno de la Corte Suprema tiene la gran oportunidad, este martes a las 3 de la tarde,  en la reunión del pleno extraordinario, de declarar la inconstitucionalidad  de una práctica clientelista, contra natura y aberrante, avalada por la Contraloría General de la República, de manera absurda, como lo es la de posibilitar que los Diputados estén practicando “la filantropía”, con fondos públicos.

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