Archive en octubre 2019

Sobre el acto constitucional, de reformas constitucionales.

He leído todo el documento, y percibo elementos positivos y negativos en el instrumento.

Concluyo sobre la temática lo siguiente:

  1. En este quinquenio, no habrá “constituyente originaria”. Esta fórmula no fue prohijada por el candidato, que democráticamente ganó las elecciones.  Los que protestan por la inclusión del modelo en cita hoy, no promueven la paz social, por lo expresado.
  2. El acto constitucional, de reformas constitucionales, debe adecuarse en base al consenso nacional, en la siguiente legislatura, para que no haya trauma alguno.
  3. Si el pueblo dice NO en el referéndum, a mediados del próximo año, no sería prudente iniciar un proceso de “constituyente paralela” inmediatamente, que demoraría en el tiempo su implementación, pues sería poner en ascuas al país en este período presidencial, que necesita de una inyección económica, de manera urgente.
  4. De no prosperar la reforma constitucional, se mantendría el estado actual beneficioso, para algunos ciudadanos de alto perfil.
  5. El acto constitucional de reformas a la Carta Magna, aprobado por los diputados en estos momentos, no satisface las necesidades prioritarias de la población. Por otro lado, se le incorporó material atentatorio, con los principios democráticos. Los actores, deben hacer un esfuerzo adicional, para perfeccionar el instrumento con la realidad socio-política actual, que permita contar a posteriori, con la aquiescencia nacional.

La inmunidad del Diputado en su curul

Desde la Constitución de 1904 se encontraba consagrada la irresponsabilidad jurídica del diputado, hoy conocida como la inmunidad del Artículo 154 de la Carta Magna.

ARTICULO 154. Los miembros de la Asamblea Nacional no son legalmente responsables por las opiniones y votos que emitan en el ejercicio de su cargo.

Aún en los años 40 y siguientes, se debatía sobre la irresponsabilidad del diputado cuando pudiera injuriar o calumniar a otros en el ejercicio del cargo y los doctos en derecho concluían que había irresponsabilidad jurídica del diputado en torno al manejo de sus opiniones, cuando ejercía el cargo.

El doctor J.D. Moscote, avalaba la tesis de la irresponsabilidad cuando dijo: “Si un diputado escribe un libelo difamatorio contra un ciudadano porque así lo juzga conveniente a un interés nacional, ¿no le queda a ese ciudadano recurso alguno contra la integridad de su honra? De acuerdo con el texto de la Constitución, ello parece concluyente, pero no podemos menos que considerar como peligroso un derecho tan amplio e irrestricto”. (J.D. Moscote. El Derecho Constitucional panameño. Panamá, 1943, p.240.)

El doctor Cesar Quintero, añadía en torno al mismo tema, que: “… ese individuo humano que lleva la investidura de diputado es inmune a las sanciones o penas que, en otras circunstancias, su conducta personal, pública o privada, le acarrearía “. (Cesar Quintero. Derecho Constitucional. Tomo 1. Panamá, 1967, p.494.)

Actualmente hemos visto como algunos diputados, de manea poco profesional y con falta del apropiado juicio, emiten improperios que afectan la reputación de ciudadanos respetables, en la República de Panamá, sin responsabilidad alguna, por el privilegio constitucional en cita.  Esta práctica mal sana, debiera cesar, toda vez que no contribuye con la paz social ni con el respeto de las buenas costumbres.

Si los diputados no transitan por las vías adecuadas de la ética, un estallido social podría avecinarse en un futuro inmediato, sin duda alguna.

Modificaciones a la Constitución

La Asamblea Nacional está avalando y promoviendo reformas a la Carta Magna de manera ligera y hasta desproporcionada, que pudiera dar al traste con lo loable de la iniciativa.

Aprobaron inclusive, el supeditar el derecho internacional al nacional, aún cuando la Corte ya dictó jurisprudencia sobre el tema, cuando declaró inconstitucional, la ley que sacó a Panamá del Parlacen. La Corte en PLENO dijo: “Respecto a la naturaleza jurídica e imperatividad de los tratados, el Doctor César Quintero señaló que, «en cuanto a su fuerza normativa, son leyes especialísimas, que no pueden ser derogadas por leyes posteriores, ni siquiera por constituciones ulteriores a la vigencia de un tratado, aunque contenga normas contrarias a las cláusulas del mismo.» (Ensayos sobre Historia Constitucional de Panamá, Editora Jurídica Panameña, 1981, pág. 529).

Esta consideración reinvindica a nivel constitucional, el principio de la pacta sunt servanda, contemplado en el artículo 26 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, que reza: «Todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido de buena fe.» (Sentencia del dos 2 de febrero de dos mil doce 2012).

Asimismo, disctuten los Diputados, la posibilidad de sujetar al Ejecutivo, cuando lo quieren obligar a cambiar de ministros de Estado, cuando haya el voto de censura; violando la teoría de la separación de los poderes, etcétera.

Lo que estamos viendo en la Asamblea, dista mucho del discurso que dio el señor presidente cuando expuso su deseo de tocar, “sólo temas puntuales”, en una reforma constitucional.