Archivar en junio 20, 2021

De la elección de los constituyentes.

He escuchado con asombro como el presidente del Tribunal Electoral le manifestó al país, que los constituyentes que se elijan para lo de la constituyente paralela, no podrían correr para los diversos cargos de elección popular en un futuro inmediato, entre otras consideraciones. Tal determinación sería inconstitucional a mi juicio.

La Convención Americana de los Derechos Humanos, tutela el derecho a ser elegido en asuntos públicos.

En sentencia del 15 de junio de 2017, el PLENO de la Corte Suprema de Justicia exteriorizó, que: “ Como bien ha planteado el demandante, lo acontecido ha infringido el derecho a ser elegido y a participar en la dirección de los asuntos públicos consagrado en el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en concordancia con el artículo 4 de la Constitución, el cual no sólo se predica sobre la votación popular de los representantes políticos de la nación, sino también como un derecho a que se garanticen las oportunidades para participar en los distintos procesos de elección a cargos de dirección de los asuntos públicos, como en este caso, de democracia participativa en el ámbito de la comunidad universitaria de la Universidad Tecnológica de Panamá.”

Los impedimentos para correr a un cargo de elección popular están en la Carta Magna y en la ley formal, y no puede un ente que se cree superior a los demás, dictar limitaciones que son propias de las funciones de la Asamblea Nacional, inclusive.

Huelga añadir que la reglamentación que dicte el Tribunal Electoral en un proceso constituyente, debe compadecerse del tenor constitucional, por lo que el instrumento que se emita, no se puede apartar de la letra ni del espíritu de la Constitución.

La escogencia de dos nuevos magistrados

En los próximos días, el Consejo de Gabinete tendrá la tarea de nombrar a dos nuevos magistrados en la Corte Suprema de Justicia.

En mi concepto, los nombramientos debieran ser por capacidad, únicamente.

En mi opinión, sería intrascendente, que se escogieran para tales cargos, a las personas que le sean más conocidas al presidente o a sus allegados.

Sería placentero el poder someter al escrutinio público, a los preseleccionados para magistrados, antes de vayan los nombres a la Asamblea Nacional.  El tiempo nos dirá si medió buena intención del poder ejecutivo, para tan noble propósito.

En lo personal creo que el proceso de escogencia es sólo para hacerle creer al pueblo que hay transparencia en el método, no obstante, los reales parámetros para la selección de los magistrados son otros, que no le serán revelados al común del ciudadano.

Se hace viable considerar muy bien el perfil de los próximos Magistrados de la Corte, para que procuren impulsar un plan de mejoras en el sistema de justicia.

Lo cierto es, que hasta que se hagan nuevos cambios a la Constitución, el poder ejecutivo tendrá la posibilidad de seguir escogiendo a los magistrados que le sean más agradable.

Los ministros consejeros, no son ministros de Estado

En decisión del 3 de julio de 2014, dentro de una denuncia que interpuse, contra el MOP, a la sazón dirigido por el ingeniero FEDERICO SUAREZ, por haber pagado el MOP 30 millones, para la reparación de daños materiales a la vía próxima al puente Centenario, el Pleno declinó el caso a un juez de circuito, pero dijo en el fallo, que la designación de SUAREZ como MINISTRO CONSEJERO, a la postre, no tiene sustento constitucional para ser llamado ministro de Estado. El prenombrado era ministro del MOP cuando denuncié, luego con el Decreto No. 138 de 2012 se le nombró MINISTRO CONSEJERO.

El PLENO de la Corte dijo lo que sigue.

“Como abono a lo anterior, y para despejar dudas sobre nuestra competencia privativa respecto a procesos penales, donde se involucre a un ministro de Estado, consideramos oportuno realizar un análisis de las normas fundamentales que nos orientan sobre la creación, estructuración administrativa y funcionabilidad de los ministros de Estado.

En primer orden, el artículo 183 constitucional establece como atribución del Presidente de la República, nombrar y separar libremente a los ministros de Estado. No obstante, cuando ello implica la creación de nuevos ministerios nuestra Carta Fundamenta en el artículo 159, numeral 12, establece que ello se realizará a través de la intervención de otro Órgano del Estado, que en este caso lo es, la Asamblea Nacional.

“ARTÍCULO 159: La función legislativa, es ejercida por medio de la Asamblea Nacional y consiste en expedir las leyes necesarias para el cumplimiento de los fines y el ejercicio de las funciones del Estados declarados en esta Constitución y en especial para lo siguiente:

  1. Determinar, a propuesta del Órgano Ejecutivo, la estructura de la administración nacional mediante la creación de Ministerios, Entidades Autónomas, Semiautónomas, Empresas Estatales y demás establecimientos públicos, y distribuir entre ellos las funciones y negocios de la Administración, con el fin de asegurar la eficacia de las funciones administrativas”.

En ese sentido, el artículo 194 de la Constitución Política define que los ministros de Estado son los jefes de sus respectivos ramos y participan con el Presidente de la República en el ejercicio de sus funciones, de acuerdo con la Constitución y la ley, siendo que la distribución de sus respectivos negocios también se efectuaran de conformidad con la ley, como expone el artículo 195 lex cit.

Para esta Superioridad las normas citadas establecen los protocolos que se exigen para la constitución de un nuevo ministerio y sus atribuciones, siendo en consecuencia que concluimos que la designación del Ingeniero FEDERICO SUAREZ no reúne estas condiciones, siendo en consecuencia que se extravía nuestra competencia en este expediente penal, ya que es un hecho público y notorio que en la actualidad no ostenta el cargo de ministro de Estado.”

Conclusiones propias:

  1. Los ministros consejeros no son ministros de Estado, porque no tienen una cartera a su cargo, creada por el Legislativo.
  2. Los ministros consejeros no deben tener los privilegios y las obligaciones, de los ministros de Estado, porque no lo son.
  3. Los ministros de consejeros no deben participar de las reuniones del Consejo de Gabinete como si fueran “ministros”, por lo antes expuesto.