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Los procesos contra el periodismo libre

Solo hay una forma en que debiera ejercerse el periodismo en Panamá, y es en absoluta libertad.

La Corte Interamericana de los Derechos Humanos, sobre el tema dijo:

“El ejercicio periodístico sólo puede efectuarse libremente cuando las personas que lo realizan no son víctimas de amenazas ni de agresiones físicas, psíquicas o morales u otros actos de hostigamiento” (Corte IDH. Caso Vélez Restrepo y Familiares Vs. Colombia. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012 Serie C No. 248. Párr. 209.)

Por lo antes expuesto, son objetables, los procesos legales que se siguen contra medios de comunicación y periodistas, que ejercen el periodismo. ¡La libertad de prensa, debe ser defendida¡

El honor de los políticos

La Corte Suprema de Justicia, ha determinado que las figuras de relevancia política, ostentan un ámbito menor de privacidad y la protección de su honor, por lo tanto, los jueces debieran ponderar ésta filosófica al momento de analizar, si admiten o no, una causa penal, por supuestos delitos contra el honor.

“Las autoridades, funcionarios o personajes de relevancia pública se han
convertido consciente y voluntariamente en sujetos pasivos de la observación
del público, relegando a un ámbito menor su privacidad y la protección de su
honor en relación a sus actividades públicas.

Esto se da indispensablemente, para permitir la crítica vigorosa respecto de la
actuación de las autoridades o funcionarios públicos o figuras de relevancia
pública”. Esto es fundamental “para la vigencia de las sociedades
democráticas, a diferencia de los regímenes autocráticos autoritarios o
totalitarios, lo que justifica desarrollar y potenciar al máximo la tolerancia
y el pluralismo en materias de relevancia pública”-

Sentencia del Pleno de la Corte Suprema de Justicia del ONCE (11) DE ABRIL DE DOS MIL CATORCE (2014),

Los valores y la corrupción en Panamá

“La corrupción es un mal más grande que el pecado. Más que ser perdonado, este mal debe ser curado” Papa Francisco.

Los escándalos de corrupción en Panamá, ponen al descubierto la debilidad en el cultivo de los valores en la sociedad.

¿Qué deberíamos hacer como prioridad?

  • Incentivar al funcionario a que cumpla el código de ética de su entidad, practique valores y a las empresas particulares a promoverlos.
  • Promover ampliamente, la divulgación de políticas sobre el fortalecimiento de los valores y la ética en la comunidad.

La prueba idónea

Lo antes descrito representa un mecanismo de control, que solo permite que se inicien investigaciones contra Diputados en Panamá, sólo cuando las pruebas aportadas precisen que es posible que se haya cometido un hecho con apariencia de punible.

La prueba idónea requiere la existencia de elementos de conocimiento que surjan de la comisión de un delito y que guarde relación con la persona denunciada o que se pretende que se investigue.

Sobre el tema ut supra (antes escrito), el Pleno de la Corte cuando otrora dijo que no era la misma, contraria a la Constitución, expresó que es: “una prerrogativa que no opera individualmente de forma caprichosa, sino que se adquiere atendiendo a las funciones propias del cargo. Tal beneficio representa un mecanismo de control que evita interrumpir el normal desempeño de un Órgano del Estado, en tanto, no se verifica que dicha prerrogativa sea abusiva o represente una arbitrariedad frente a las demás personas”. (Ver fallo del Pleno de la Corte Suprema de Justicia, del 29 de noviembre de 2017).

Por lo antes dicho, soy de la opinión, que la eliminación de la prueba idónea, como sistema de beneficio hacia los diputados, para evitar conflictos de interpretación procesal en el futuro, podría incluirse en las modificaciones a la Carta Magna, más NO, en una reforma legal.

La Procuradora no puede ser citada por la Asamblea Nacional

Hoy en día, algunos diputados esbozan la posibilidad, de que la señora procuradora general de la nación, pudiera ser citada a la Asamblea Nacional, para que “RINDIERA CUENTAS”.

Esa posibilidad sería inconstitucional, ya que ella, el Procurador de la Administración y los Magistrados de la Corte, ni son nombrados ni muchos menos ratificados por la Asamblea. Solo son aprobados o improbados, por los padres de la patria. Corolario de lo anterior, tal citación, infringiría de manera grave, el principio de independencia judicial, en rango constitucional.

Constitución

ARTICULO 210. Los Magistrados y Jueces son independientes en el ejercicio de sus funciones y no están sometidos más que a la Constitución y a la Ley; pero los inferiores están obligados a acatar y cumplir las decisiones que dicten sus superiores jerárquicos al revocar o reformar, en virtud de recursos legales, las resoluciones proferidas por aquellos.

Jurisprudencia.

“Y es que los Magistrados de la Corte integran, como sus autoridades superiores, uno de los Órganos del Estado, a diferencia de los Directores Generales o Gerentes de las Entidades Autónomas, Semiautónomas, Organismos Descentralizados, Empresas Industriales o Comerciales del Estado, que son autoridades importantes del Órgano Ejecutivo, pero no son las autoridades superiores de ese Órgano del Estado. En el presente caso el que está siendo citado es el Representante del Órgano Judicial. Además el nombramiento de los Magistrados de la Corte, normalmente exceden el término de duración de una Asamblea Legislativa, en tanto que los Directores Generales o Gerentes de Instituciones Autónomas se designan generalmente por el mismo término de duración de la Asamblea Legislativa que los ratifica.” Sentencia del 24 de noviembre de 1995 de la Sala Tercera.

Retos del Contralor

Establecer reuniones periódicas, con el Ministerio Público, por medio de las fiscalías anticorrupción y los auditores y asesores legales de la Contraloría, con el objeto de eliminar errores en los informes y en los procedimientos del ente fiscalizador.

Establecer reuniones periódicas entre el personal de la Contraloría (fiscalizadores, ingenieros y asesores legales) con los entes fiscalizados, con el objeto de aclararles sus dudas, para minimizar los errores administrativos.

Adecuar las Guías de Fiscalización, a fin de que todos los fiscalizadores, apliquen un solo librito para fiscalizar las entidades.

Practicar la rendición de cuentas con la ciudadanía.

Cumplir con eficacia, el control previo. Un buen ejercicio de éste evita los contratos con sobrecostos y fortalece la buena administración de la cosa pública.

Realizar inspecciones e investigaciones tendientes a determinar la corrección o incorrección de las operaciones que afectaron patrimonios públicos y, en su caso, presentar las denuncias respectivas, pero abarcando tanto las acciones de los gobiernos anteriores y como el presente, conforme lo permita el tiempo de prescripción para la investigación.

El perfil ideal de un Contralor

Conforme al artículo 161 constitucional, es la Asamblea Nacional la que tiene la potestad exclusiva de nombrar al Contralor General de la República.

¿Cuál podría ser el perfil de un buen contralor?

Características.

  1. Que se comprometa públicamente a ejercer con eficacia, el control previo.
  2. Que no se perciba que desee acceder al puesto, con el único propósito que el de ser un trancador de actos administrativos a ultranza.
  3. Que no se perciba que desee acceder al puesto, con el único propósito que el de ser un avalador libre de actos administrativos del Órgano Ejecutivo.
  4. Que tenga sobrada solvencia moral. Es inadmisible que haya candidatos para tan digno cargo, que estén en la picota pública, por actos cuestionables de su pasado.
  5. Que tenga ejecutorias probadas. La ciudadanía merece conocer la trayectoria pública y privada del candidato. Deseamos saber, por ejemplo, su pensamiento o filosofía, para no ser sorprendidos en nuestra buena fe.
  6. Que se perciba que tiene independencia de criterio. La independencia no radica en pertenecer o no a algún colectivo político, sino más bien a no estar ligado a cualquier factor real de poder de la sociedad, para que pueda ejercer su función de manera objetiva y transparente.
  7. Que conozca las funciones que desarrolla la Contraloría General de la República a nivel constitucional y legal, para que pueda hacer una reingeniería en esa entidad, desde el inicio del ejercicio del cargo. 

SEGURIDAD JURÍDICA DE UN FINIQUITO EN UNA PARTIDA DISCRECIONAL

Mucho se cuestiona el uso de la llamada partida discrecional. Al final su uso quedará en las anécdotas de la patria, pues todos los contralores le han dado el finiquito final al manejo de la misma, al expirar el periodo presidencial y me parece que el Contralor actual, no será la excepción. (El Contralor ejerce funciones a partir del primero de enero después de iniciado cada periodo presidencial y termina funciones después de terminado el del presidente de la República).

Otrora un Contralor intentó investigar el uso de la misma a dos expresidentes, pero cuando el caso llegó a la Corte en un amparo de garantías constitucionales, El PLENO anulo la investigación iniciada, pues el Contralor de la época había otorgado el finiquito del manejo de la llamada partida.

La Corte dijo:

Aceptar una investigación por parte de la Contraloría General de la República sobre un finiquito otorgado por ella misma, conllevaría al desconocimiento de aquella función constitucional privativa de dicho ente público de fenecer las cuentas de los funcionarios públicos, establecida en el numeral 3 del artículo 280 de la constitución. Por tanto, resulta de importancia recordar que determinada cuenta luego de ser examinada a satisfacción se le debe dar por terminada o concluida, es decir, se fenece la cuenta. La seguridad jurídica que este proceso representa debe ser preservada, máxime cuando proviene de una facultad constitucional. Aunado a ello, debe resaltarse que, al expedirse un finiquito, se está emitiendo una especie de certificación o constancia que las cuentas se encuentran a satisfacción. (Sentencia del pleno de la Corte Suprema de Justicia de 27 de octubre de 2010).

Principales retos para el nuevo presidente

  • Que su gobierno, cumpla con la mayoría de sus promesas de campaña.
  • Que ejecute planes que permita a Panamá transitar, en la bonanza financiera.
  • Que impulse restricciones gubernativas, a fin de que no se elaboren contratos directos, para favorecer exclusivamente a empresas o a personas definidas.
  • Que administre los bienes del Estado, como buen padre de familia.
  • Que impulse normas para el fortalecimiento de la transparencia en el uso de la cosa pública y la consecuente rendición de cuenta de los funcionarios nombrados. El gobierno no es una finca privada del que dirige, para contratar y/o nombrar, a la parentela del ala gobernante.
  • Que nombre a personas íntegras y alejadas del amiguismo, dentro de la administración de justicia, que hagan viable que éstas cumplan su papel, con independencia, transparencia y eficacia.
  • Que permita el ejercicio sin censura, de la libertad de expresión, en todas sus facetas, sin improperios a los comunicadores sociales y a los periodistas que desempeñan sus funciones.
  • Que respete con sus acciones, la separación de los otros poderes del Estado.
  • Que impulse una política gubernamental que tienda a fortalecer a la familia, como el principal núcleo en la sociedad.

La labor de la Contraloría

La Contraloría General de la República, por definición, es un organismo estatal independiente, de carácter técnico, cuya misión principal es la de fiscalizar, regular y controlar los movimientos de los fondos y bienes públicos.

Debiera actuar siempre con sabiduría, prudencia e independencia.

No obstante, lo antes dicho, este ente juega un papel preponderante en la buena ejecución del presupuesto general del Estado. Si no labora eficazmente, se convierte en una entidad obstaculizadora a ultranza.

Uno no debe trancar la administración pública, por ignorancia, o por ínfulas de poder o por instrucciones, etc.

Otrora, un Contralor pretendía, de manera abusiva, intervenir en la aprobación o desaprobación de los pliegos de cargos y especificaciones de los actos públicos de todas las entidades del Estado, como co-administrador y la Corte Suprema de Justicia, Sala Tercera le dijo, que no tenía facultades para ello. (Véase la sentencia del 13 de octubre de 1993).

La Contraloría sólo puede objetar documentos de afectación fiscal por dos razones, por temas legales y económicos y nada más.

Ley 32 de 1984.

Artículo 77. La Contraloría improbará toda orden de pago contra un Tesoro Público y los actos administrativos que afecten un patrimonio público, siempre que se funde en razones de orden legal o económico que ameriten tal medida.

Artículo 74. Toda orden de pago que se emita con cargo al Tesoro Nacional o contra cualquier otro tesoro público deberá ser sometida al refrendo de la Contraloría General, sin cuyo requisito no podrá ser pagada. A tal efecto, la Contraloría verificará: a) Que ha sido emitida de acuerdo con las disposiciones legales sobre la materia; b) Que está debidamente imputada al presupuesto; c) Que la partida presupuestaria respectiva tiene saldo disponible para cubrir la erogación; ch) Que ha sido emitida para pagar bienes recibidos o servicios efectivamente prestados, salvo las excepciones establecidas en la ley; y, d) Que el beneficiario de la orden es titular efectivo del crédito.