SEGURIDAD JURÍDICA DE UN FINIQUITO EN UNA PARTIDA DISCRECIONAL

Mucho se cuestiona el uso de la llamada partida discrecional. Al final su uso quedará en las anécdotas de la patria, pues todos los contralores le han dado el finiquito final al manejo de la misma, al expirar el periodo presidencial y me parece que el Contralor actual, no será la excepción. (El Contralor ejerce funciones a partir del primero de enero después de iniciado cada periodo presidencial y termina funciones después de terminado el del presidente de la República).

Otrora un Contralor intentó investigar el uso de la misma a dos expresidentes, pero cuando el caso llegó a la Corte en un amparo de garantías constitucionales, El PLENO anulo la investigación iniciada, pues el Contralor de la época había otorgado el finiquito del manejo de la llamada partida.

La Corte dijo:

Aceptar una investigación por parte de la Contraloría General de la República sobre un finiquito otorgado por ella misma, conllevaría al desconocimiento de aquella función constitucional privativa de dicho ente público de fenecer las cuentas de los funcionarios públicos, establecida en el numeral 3 del artículo 280 de la constitución. Por tanto, resulta de importancia recordar que determinada cuenta luego de ser examinada a satisfacción se le debe dar por terminada o concluida, es decir, se fenece la cuenta. La seguridad jurídica que este proceso representa debe ser preservada, máxime cuando proviene de una facultad constitucional. Aunado a ello, debe resaltarse que, al expedirse un finiquito, se está emitiendo una especie de certificación o constancia que las cuentas se encuentran a satisfacción. (Sentencia del pleno de la Corte Suprema de Justicia de 27 de octubre de 2010).

Principales retos para el nuevo presidente

  • Que su gobierno, cumpla con la mayoría de sus promesas de campaña.
  • Que ejecute planes que permita a Panamá transitar, en la bonanza financiera.
  • Que impulse restricciones gubernativas, a fin de que no se elaboren contratos directos, para favorecer exclusivamente a empresas o a personas definidas.
  • Que administre los bienes del Estado, como buen padre de familia.
  • Que impulse normas para el fortalecimiento de la transparencia en el uso de la cosa pública y la consecuente rendición de cuenta de los funcionarios nombrados. El gobierno no es una finca privada del que dirige, para contratar y/o nombrar, a la parentela del ala gobernante.
  • Que nombre a personas íntegras y alejadas del amiguismo, dentro de la administración de justicia, que hagan viable que éstas cumplan su papel, con independencia, transparencia y eficacia.
  • Que permita el ejercicio sin censura, de la libertad de expresión, en todas sus facetas, sin improperios a los comunicadores sociales y a los periodistas que desempeñan sus funciones.
  • Que respete con sus acciones, la separación de los otros poderes del Estado.
  • Que impulse una política gubernamental que tienda a fortalecer a la familia, como el principal núcleo en la sociedad.

La labor de la Contraloría

La Contraloría General de la República, por definición, es un organismo estatal independiente, de carácter técnico, cuya misión principal es la de fiscalizar, regular y controlar los movimientos de los fondos y bienes públicos.

Debiera actuar siempre con sabiduría, prudencia e independencia.

No obstante, lo antes dicho, este ente juega un papel preponderante en la buena ejecución del presupuesto general del Estado. Si no labora eficazmente, se convierte en una entidad obstaculizadora a ultranza.

Uno no debe trancar la administración pública, por ignorancia, o por ínfulas de poder o por instrucciones, etc.

Otrora, un Contralor pretendía, de manera abusiva, intervenir en la aprobación o desaprobación de los pliegos de cargos y especificaciones de los actos públicos de todas las entidades del Estado, como co-administrador y la Corte Suprema de Justicia, Sala Tercera le dijo, que no tenía facultades para ello. (Véase la sentencia del 13 de octubre de 1993).

La Contraloría sólo puede objetar documentos de afectación fiscal por dos razones, por temas legales y económicos y nada más.

Ley 32 de 1984.

Artículo 77. La Contraloría improbará toda orden de pago contra un Tesoro Público y los actos administrativos que afecten un patrimonio público, siempre que se funde en razones de orden legal o económico que ameriten tal medida.

Artículo 74. Toda orden de pago que se emita con cargo al Tesoro Nacional o contra cualquier otro tesoro público deberá ser sometida al refrendo de la Contraloría General, sin cuyo requisito no podrá ser pagada. A tal efecto, la Contraloría verificará: a) Que ha sido emitida de acuerdo con las disposiciones legales sobre la materia; b) Que está debidamente imputada al presupuesto; c) Que la partida presupuestaria respectiva tiene saldo disponible para cubrir la erogación; ch) Que ha sido emitida para pagar bienes recibidos o servicios efectivamente prestados, salvo las excepciones establecidas en la ley; y, d) Que el beneficiario de la orden es titular efectivo del crédito.

Los nombramientos en la JD de la ACP, pueden ser inconstitucionales

Si tomamos en cuenta la Vista Fiscal que emitió el Procurador de la Administración, dentro de la demanda de inconstitucionalidad, en contra del nombramiento del ministro JORGE LUIS GONZALEZ, como nuevo miembro de la JD de la ACP; los nombramientos de ROBERTO ROY y de MARIETTTA JAÉN en la JD de la ACP, podrían ser también inconstitucionales.

El Procurador dijo:

“En tal sentido, resulta evidente que los designados dentro de este último grupo de nueve (9) directivos deben ser personas que, al momento de hacerse la designaci6n, no  formen parte del entorno inmediato de quien ejercer el poder, o en atención a una situación  de preferencia.

4.4 Finalmente, vale la pena indicar, que la designación de los directivos de la Junta  Directiva del Canal de Panamá que conforman el tercer supuesto establecido en el artículo 318 de la Constitución Política y del artículo 13 de la Ley 19 de 1997, a nueve (9) años,  buscan mantener el manejo de la administración del Canal de Panamá, como un asunto de  Estado; es decir, alejado de injerencias de políticas partidarias y de grupos de poder que puedan existir en una determinada administración gubernamental.

Lo anterior no ha ocurrido en la situación en estudio, pues la designación objeto de  impugnación, se hace en relación a una persona del inmediato entorno de quien detenta el  poder ejecutivo al momento de la designación, pese a que, de conformidad a la Carta
Fundamental, se debe garantizar la autonomía de la Autoridad del Canal, lo que no se  lograría si fuera del caso de las designaciones directas que le corresponde al Órgano Ejecutivo y Legislativo y a las cuales ya nos hemos referido, el primero de los Órganos  mencionados designara personas del inmediato entorno, quebrantando el equilibrio en la designaci6n al cargo de Director en la Junta Directiva de la Autoridad del Canal de Panamá,  tal como lo hemos expuesto”.

En mi concepto, tanto ROBERTO ROY y de MARIETTTA JAÉN, forman parte del entorno inmediato del señor presidente de la República, y por lo tanto, si tomamos en cuenta la opinión vertida por el consejero jurídico de los funcionarios administrativos, podrían ser inconstitucionales tales designaciones.

De todas formas, la Corte Suprema de Justicia es la que debe dar el veredicto final sobre el tema, en el evento de que los nombramientos en comentario, fueren ratificados por la Asamblea Nacional y los mismos fueran demandados ante la Corte.

 

 

 

 

 

Los Ministros Consejeros, no son Ministros de Estado: LA CORTE

Los Ministros Consejeros, no son Ministros de Estado: LA CORTE

En decisión del 3 de julio de 2014, dentro de una denuncia que interpuse, contra el MOP, a la sazón dirigido por el ingeniero FEDERICO SUAREZ, por haber pagado el MOP 30 millones, para la reparación de daños materiales a la vía próxima al puente Centenario, el Pleno  declinó el caso a un juez de circuito, pero dijo en el fallo, que la designación de  SUAREZ como MINISTRO CONSEJERO, a la postre, no tiene sustento constitucional para ser llamado Ministro de Estado. El prenombrado era Ministro del MOP cuando denuncié, luego con el Decreto No. 138 de 2012 se le nombró MINISTRO CONSEJERO.

El PLENO de la Corte dijo lo que sigue.

“Como abono a lo anterior, y para despejar dudas sobre nuestra competencia privativa respecto a procesos penales, donde se involucre a un Ministro de Estado, consideramos oportuno realizar un análisis de las normas fundamentales que nos orientan sobre la creación, estructuración administrativa y funcionabilidad de los Ministros de Estado.

 

En primer orden, el artículo 183 constitucional establece como atribución del Presidente de la República, nombrar y separar libremente a los Ministros de Estado. No obstante, cuando ello implica la creación de nuevos ministerios nuestra Carta Fundamenta en el artículo 159, numeral 12, establece que ello se realizará a través de la intervención de otro Órgano del Estado, que en este caso lo es, la Asamblea Nacional.

 

“ARTÍCULO 159: La función legislativa, es ejercida por medio de la Asamblea Nacional y consiste en expedir las leyes necesarias para el cumplimiento de los fines y el ejercicio de las funciones del Estados declarados en esta Constitución y en especial para lo siguiente:

 

  1. Determinar, a propuesta del Órgano Ejecutivo, la estructura de la administración nacional mediante la creación de Ministerios, Entidades Autónomas, Semiautónomas, Empresas Estatales y demás establecimiento públicos, y distribuir entre ellos las funciones y negocios de la Administración, con el fin de asegurar la eficacia de las funciones administrativas ”.

 

En ese sentido, el artículo 194 de la Constitución Política define que los Ministros de Estado son los jefes de sus respectivos ramos y participan con el Presidente de la República en el ejercicio de sus funciones, de acuerdo con la Constitución y la ley, siendo que la distribución de sus respectivos negocios también se efectuaran de conformidad con la ley, como expone el artículo 195 lex cit.

 

Para esta Superioridad las normas citadas establecen los protocolos que se exigen para la constitución de un nuevo ministerio y sus atribuciones, siendo en consecuencia que concluimos que la designación del Ingeniero FEDERICO SUAREZ no reúne estas condiciones, siendo en consecuencia que se extravía nuestra competencia en este expediente penal, ya que es un hecho público y notorio que en la actualidad no ostenta el cargo de Ministro de Estado.”

 

Conclusiones propias:

  1. Los ministros consejeros no son ministros de Estado, porque no tienen una cartera a su cargo, creada por el Legislativo.
  2. Los ministros consejeros no deben tener los privilegios y las obligaciones, de los ministros de Estado, porque no lo son.
  3. Los ministros de consejeros, no deben participar de las reuniones del Consejo de Gabinete como si fueran “ministros”, por lo antes expuesto.

¿Se puede eliminar de raíz, ya, la formula del cociente electoral y demás?

Respuesta: No, al menos que en la ley, que lo elimine, se establezca una formula que garantice, las adjudicaciones proporcionales de las curules, en los circuitos plurinominales, tal cual lo ordena la Carta Magna, en su artículo 147.

Constitución Política de Panamá

ARTICULO 147. La Asamblea Nacional se compondrá de setenta y un Diputados que resulten elegidos de conformidad con la Ley y sujeto a lo que se dispone a continuación:

  1. Habrá circuitos uninominales y plurinominales, garantizándose el principio de representación proporcional. Integrará un solo circuito electoral todo distrito en donde se elija más de un Diputado, salvo el distrito de Panamá, donde habrá circuitos de tres o más Diputados.

¿Qué formula podría aprobarse, en la Asamblea Nacional, que no cause trauma inminente,  y mejore el sistema de adjudicaciones que tenemos hoy, honrando el principio de representación proporcional de diputados, que reza el artículo 147 constitucional?

  1. Dejar la figura del cociente, medio cociente, pero las adjudicaciones por residuo, solo se las asignen, a las listas más votadas, que no hayan obtenido curules ya.
  2. Dejar la figura del cociente, medio cociente, pero las adjudicaciones por residuo, solo se las asignarán, primero a las listas que no tengan representación, (si hay mas curules) entonces, a la lista, más votada, que ya haya obtenido escaño, y así sucesivamente, hasta agotar las vacantes.
  3. Escoger como ganador de las curules, a los candidatos más votados, de las listas propuestas, en general; eliminando el cociente y medio cociente electoral, pero definir, que una lista no puede obtener más de un porcentaje de las curules en el circuito y así sucesivamente, hasta agotar las curules.

¿Se puede eliminar de raíz, ya, la formula del cociente electoral y demás?

Respuesta: No, al menos que en la ley, que lo elimine, se establezca una formula que garantice, las adjudicaciones proporcionales de las curules, en los circuitos plurinominales, tal cual lo ordena la Carta Magna, en su artículo 147.

Constitución Política de Panamá

ARTICULO 147. La Asamblea Nacional se compondrá de setenta y un Diputados que resulten elegidos de conformidad con la Ley y sujeto a lo que se dispone a continuación:

  1. Habrá circuitos uninominales y plurinominales, garantizándose el principio de representación proporcional. Integrará un solo circuito electoral todo distrito en donde se elija más de un Diputado, salvo el distrito de Panamá, donde habrá circuitos de tres o más Diputados.

¿Qué formula podría aprobarse, en la Asamblea Nacional, que no cause trauma inminente,  y mejore el sistema de adjudicaciones que tenemos hoy, honrando el principio de representación proporcional de diputados, que reza el artículo 147 constitucional?

  1. Dejar la figura del cociente, medio cociente, pero las adjudicaciones por residuo, solo se las asignen, a las listas más votadas, que no hayan obtenido curules ya.
  2. Dejar la figura del cociente, medio cociente, pero las adjudicaciones por residuo, solo se las asignarán, primero a las listas que no tengan representación, (si hay mas curules) entonces, a la lista, más votada, que ya haya obtenido escaño, y así sucesivamente, hasta agotar las vacantes.
  3. Escoger como ganador de las curules, a los candidatos más votados, de las listas propuestas, en general; eliminando el cociente y medio cociente electoral, pero definir, que una lista no puede obtener más de un porcentaje de las curules en el circuito y así sucesivamente, hasta agotar las curules.

Amanecerá y veremos

 

  1. Que en los 90, ganó un presidente gracias a su estructura y a la proliferación del voto, y hoy, las encuestas están vaticinando similar tendencia. ¿Sucederá lo mismo o tendremos otro tipo de resultado, el 5 de mayo? Amanecerá y veremos.
  2. Que los independientes a presidentes, conforme a entendidos, podrían tener opción de triunfo, sólo si se unían como bloque y no se unieron. Amanecerá y veremos.
  3. Que hay candidatos que ocultan a los dinosaurios para ganar adeptos de electores, pero en sus corazones, los están considerando, para puestos de eminencia. Amanecerá y veremos.
  4. Que hay candidatos que los influenciadores, los han convertido en Alka Seltzer, pero el día de las elecciones, tomarán los lugares que siempre tuvieron. Amanecerá y veremos.
  5. Que todos los candidatos hablan contra la corrupción hoy, pero no todos han luchado contra ese flagelo, con acciones concretas ejecutadas en el tiempo. ¿Ejecutarán planes efectivos anticorrupción, cuando ganen en las urnas? Amanecerá y veremos.
  6. Que en todos los planes de gobierno de los candidatos, se pretende favorecer los intereses del pueblo. ¿Los ganadores tendrán presente, los intereses nacionales sobre los particulares, al llegar al poder? Amanecerá y veremos.
  7. Que hay personas que regentan, algunas casas encuestadoras, que por vergüenza, tendrán que cambiar de domicilio, luego de las elecciones generales. Amanecerá y veremos.

Los diputados no pueden dar donaciones

 

En sentencia del PLENO de la Corte Suprema de Justicia del 16 de marzo de 2017, se DECLARÓ inconstitucional, el Decreto proferido por la Contraloría General que regulaba, los donativos y subsidios otorgados en la Asamblea Nacional.

La Corte dijo que el constituyente optó por no asignarle competencia ni funciones a la Asamblea Nacional para que concedan subsidios y donativos.

“Según se observa, los fines constitucionales antes mencionados, que se deben alcanzar mediante otras instituciones nacionales y/o locales, no dan espacio para que la Asamblea Nacional pueda dedicarse a realizar actividades que no le corresponden, porque son propias de otras autoridades del Estado, como las relacionadas con los subsidios y donativos”. Dijo la Corte.

Finaliza la Corte plasmando que: “En este orden de ideas, si la Asamblea Nacional no puede otorgar subsidios y donativos, ninguna ley, decreto, reglamento, resolución o acto de cualquier naturaleza expedida por alguna Autoridad, puede regular la manera en que la Asamblea Nacional podría otorgar subsidios y donativos, pues la concesión de tales subsidios y donativos constituye una actividad que la Constitución determina que no es propia de la Asamblea Nacional”.

Propaganda electoral, el día de las elecciones.

 

Conforme al Reglamento de las Elecciones, se ha establecido lo siguiente, el día de las elecciones.

 

  • Propaganda en los exteriores de los centros de votación. Queda terminantemente prohibida la colocación de propaganda electoral dentro de un radio de cincuenta metros en tomo al centro de votación de que se trate.

 

  • Remoción y destrucción inmediata de la propaganda electoral colocada en los exteriores de los centros de votación. Las direcciones regionales de Organización del Tribunal Electoral, en el territorio nacional, procederán a la remoción y destrucción inmediata de toda propaganda electoral que se encuentre fijada en áreas públicas, dentro de un radio de cincuenta metros en tomo de cualquier centro de votación.

 

 

  • Uso de distintivos personales el día de las elecciones. Todo ciudadano es libre de portar, como parte de su vestimenta el día de las elecciones cualquier tipo de distintivo referente al partido, alianza o candidato de su preferencia, siempre que no contenga el nombre o logo del Tribunal Electoral o de la Fiscalía General Electoral. Igual derecho tienen los representantes de los partidos políticos y candidatos por libre postulación.

 

  • El día de la elección, los vehículos pueden portar distintivos de partidos y/o candidatos.