LAS CAUSAS CONCERNIENTES A LA LEY DE MEDICAMENTOS, NO SERÁN DE COMPETENCIA DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CONTRATACIONES PÚBLICAS.

LAS CAUSAS CONCERNIENTES A LA LEY DE MEDICAMENTOS, NO SERÁN DE COMPETENCIA DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CONTRATACIONES PÚBLICAS.

LAS CAUSAS CONCERNIENTES A LA LEY DE MEDICAMENTOS, NO SERÁN DE COMPETENCIA DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CONTRATACIONES PÚBLICAS.
 
En recientes resoluciones del Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas, (No. 083-2011 y No. 084-2011) este ente se ha estado inhibiendo de conocer de los recursos de impugnación, promovido por empresas afectadas en contra de la CSS por actos públicos celebrados, fundamentados en la ley de medicamento. El Tribunal dijo que: “Frente a ese escenario, este Tribunal debe acotar que si bien la Caja de Seguro Social dispuso el procedimiento de la Ley 51 de 2005, para el acto público en marras, no se puede soslayar el hecho de la especial aplicación de la Ley 1 de 2001, para la adquisición de medicamentos, insumos y equipos médicos por parte de la Caja de Seguro Social, que se incluyó con las últimas reformas que recibió la Ley 22 de 2006, norma posterior, que regula la Contratación Pública; y que nos encontramos ante normas de igual jerarquía, cada una en su respectiva especialidad, una en contratación pública, y otra en medicamentos.

Siendo la resolución recurrida, vía recurso de impugnación un acto de selección de contratista, y dicho recurso de los que agota la vía gubernativa, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 38 del artículo 2 del texto único de la ley 22 de 28 de diciembre de 2006, interpretamos que lo viable en el presente caso es que el interesado recurra directamente ante la jurisdicción contencioso-administrativa, por lo tanto este Tribunal administrativo se inhibe de conocer el recurso de impugnación.

Pago de salarios caídos, a los ex -militares de la dictadura

Por: Dr. Ernesto Cedeño Alvarado
@ernestocedeno

Con asombro he leído en las noticias, que el Gobierno pretende pagarles salarios caídos a ex militares DESTITUIDOS en épocas anteriores, sin que exista una sentencia en firme y debidamente ejecutoriada, de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia como corresponde, ya que las destituciones son actos administrativos que solo se pueden recurrir ante esta esfera jurisdiccional. (Véase el Artículo 206 numeral 2 de la Carta Magna patria).
El argumento para emitir las erogaciones pecuniarias con cargo al erario público, son al parecer sentencias de la Sala Segunda de la Corte; que no se mencionan en su totalidad. No obstante, gravita en la opinión pública, la sentencia de la Sala Segunda de la Corte del 3/9/10 que absolvió provisionalmente a Gustavo Pérez, pero por un lado, no cierra el caso definitivamente, por el otro, ese sobreseimiento no se extiende jurídicamente, a la anulación del acto administrativo de destitución que tuvo otrora él prenombrado (dado de baja en el año de 1990, según ha circulado en los medios impresos) y finalmente, ni se menciona en la sentencia, una orden de la Sala a pagar salariaos caídos.
Anuncio que si se pagan salarios caídos, sin que exista una decisión de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, en torno a la ilegalidad de una destitución, a mi juicio, se podría patentizar una lesión al patrimonio del Estado, sancionable por nuestro derecho positivo, hacia todas las personas que participaron en el supuesto acto punible infractor.

http://ernestocedeno.blogspot.com/2011/11/sentencia-que-absolvio-gustavo-perez.html

SENTENCIA QUE ABSOLVIO A GUSTAVO PÉREZ

SUMARIO SEGUIDO DE OFICIO POR SUPUESTOS HECHOS ACAECIDOS EL 20 DE DICIEMBRE DE 1989, A LOS QUE SE VINCULA AL LICENCIADO GUSTAVO PÉREZ, DIRECTOR GENERAL DE LA POLICÍA NACIONAL. – PONENTE: . JERÓNIMO E. MEJIA E. – PANAMÁ, TRES (03) DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIEZ (2010). .
Tribunal: Corte Suprema de Justicia, Panamá

Sala: Segunda de lo Penal

Ponente: Jerónimo Mejía E.

Fecha: viernes, 03 de septiembre de 2010

Materia: Penal – Negocios de primera instancia

Sumarias

Expediente: 368-D

VISTOS:

Procedente de la Procuraduría General de la Nación, ingresó a la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia el sumario seguido de oficio, por supuestos hechos acaecidos el 20 de diciembre de 1989, a los que presuntamente se vincula al licenciado Gustavo Pérez, Director General de la Policía Nacional.

ANTECEDENTES

El 25 de febrero de 2010, el Procurador General de la Nación declaró abierta la investigación y ordenó la práctica de la actividad procesal que previene la ley debido a las publicaciones en varios periódicos de circulación nacional, como las siguientes:

1. La titulada “Crónicas de la Invasión Gustavo Pérez y el Plan Secuestro” editada el 25 de febrero de 2010, en la que se hace referencia a un proceso disciplinario seguido a los tenientes David Ocálagan y Gustavo Pérez De La Ossa, por falta en el ejercicio de sus funciones, relacionados con su participación en la operación “toma del Hotel Marriott (hoy Hotel Sheraton)”, el cual concluyó con la destitución de Gustavo Pérez De La Ossa. Según lo dispuesto en el diario nacional la supuesta operación tenía como objetivo que las mejores tropas del régimen de Noriega, secuestraran turistas norteamericanos para negociar un acuerdo de paz con los Estados Unidos (f. 3).

2. La encabezada “Tras una baja deshonrosa, volvió para dirigir la Policía”, en la que aparece publicada una nota de 22 de mayo de 1990 dirigida al Coronel Eduardo Herrera, Director General de la Policía Nacional, y suscrita por el Teniente Coronel Gerardo García, Presidente de la Junta Disciplinaria; Mayor José M. Serrano, Miembro de la Junta Disciplinaria y el Mayor Miguel Alemán, Miembro de la Junta Disciplinaria, en la que se explica la decisión adoptada en el proceso disciplinario seguido a los Tenientes David Ocálagan y Gustavo Pérez De La Ossa (f. 4).

3. La del diario El Siglo titulada “Iban a botar a Pérez por secuestro de gringos”, en el que se señala que documentos de 1990 revelan caso contra el director de la Policía Nacional, por el supuesto secuestro de civiles durante la invasión de Estados Unidos de 1989 (f. 5).

En el desarrollo de la investigación se incorporó al cuaderno penal declaraciones de personas que podrían tener conocimiento de los supuestos hechos acaecidos el 20 de diciembre de 1989, como lo son: Rogelio Cruz Ríos (fs. 53-57), Carlos Enrique Muñoz Pope (fs. 58-60), Jaime Octavio Abad Espinosa (fs. 66-71), Oswaldo Marino Fernández (fs. 75-82), Campo Elías Muñoz Rubio (fs. 96-98), Santiago Cumbrera Díaz (fs. 101-102), Alexis Ricardo Charris (fs. 103-105), Ebrahim Abdulahae Asvatkasu (fs. 108-113), Darío Enrique Moncada Valdés (fs. 114-118), Eduardo Emilio Herrera Asan (fs. 131-134), David Aarón Ocálagan Bonilla (fs. 140-141), Miguel Alemán Mendoza (fs. 195-197) y José María Serrano Tejeira (fs. 198-200).

Además, se remitió notas a los distintos despachos del Ministerio Público y a la Dirección de la Policía Nacional, con el propósito de conocer si en esas instituciones se le siguió proceso a los señores Gustavo Pérez De La Ossa y David Ocálagan.

Mediante Vista No. 17 de 14 de mayo de 2010 el Procurador General de la Nación recomendó a la Sala que al calificar el sumario dicte un sobreseimiento definitivo de carácter impersonal, en atención a lo normado en el numeral 1 del artículo 2207 del Código Judicial, pues no existen elementos que contribuyan a identificar a los presuntos ofendidos y autores ni elementos que permitan acreditar que se suscitó una privación de libertad ni el objeto de esta (fs. 336-361).

CONSIDERACIÓN DE LA SALA SEGUNDA DE LO PENAL

Luego de detallar los antecedentes del caso, se procede al análisis de los elementos probatorios para precisar si en este caso es viable la emisión de un sobreseimiento definitivo dado lo establecido en el numeral 1 del artículo 2207 del Código Judicial.

En este sentido, cabe recordar que a raíz de los hechos publicados en diarios de circulación sobre supuesto proceso disciplinario seguido a los señores David Ocálagan y Gustavo Pérez De La Ossa, por faltas en el ejercicio de sus funciones, relacionadas con su participación en la operación de “toma del Hotel Marriott”, en la que se secuestró a ciudadanos norteamericanos.

Los hechos investigados de oficio, podrían encuadrarse dentro de los delitos contra la libertad individual, y de extorsión y secuestro.

En cuanto al delito contra la libertad individual la conducta a estudiar se enmarca específicamente en el artículo 156 del Código Penal derogado que a su tenor señalaba:

Artículo 156: El servidor público que con abuso de sus funciones o infracción de las formalidades prescritas por la ley, prive a una persona de la libertad, será sancionado con prisión de 1 a 2 años e inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por 6 meses a un año y si el hecho punible se comete con alguna de las circunstancias previstas en los artículos anteriores, las sanciones se aumentarán de una tercera parte a la mitad.

Como se aprecia en la norma transcrita se sancionaba al servidor público que abusando de sus funciones (de manera arbitraria y dolosa), o a quien infrinja las formalidades prescritas por la ley, prive a otra persona de su libertad

Respecto al delito de extorsión y secuestro la conducta a estudiar se encuentra tipificada en el artículo 188 y 188 A del Código Penal derogado en los que se establece:

“Artículo 188. El que secuestre a una persona para obtener de ella o de otra, como precio de liberación, dinero, cosas o documentos con efecto jurídico, cualquiera que sea en favor del culpable o de otras personas designadas por él, aunque no logre el fin propuesto, será sancionado con prisión de 5 a 12 años.”

“Artículo 188 A. El que secuestre a una persona para obtener de ella o de otra, como precio de liberación, dinero, cosa o documentos con efecto jurídico, cualquiera que sea, a favor del culpable o de otras personas será sancionado con la pena de 7 a 15 años de prisión…

6. Sea cometido por un servidor público o por una persona que sea o haya sido miembro de los organismos de seguridad del Estado….”

Según los tipos penales copiados, en nuestra legislación se sanciona a cualquier persona o al servidor público que secuestre a otra persona, privándolo de su libertad, para obtener dinero, cosas o documentos con efectos jurídicos, la pena se agrava si la conducta es cometida por un servidor público miembro de algún organismo de seguridad del Estado.

· Durante el desarrollo de la instrucción sumarial se incorporó al expediente penal una serie de declaraciones testimoniales, algunas de las cuales se detallan a continuación:licenciado Rogelio Cruz, Procurador General de la Nación, durante el período comprendido de 1989 a 1992, manifestó que nunca vio un documento oficial como el que se publicó en el diario el Panamá América en el que se plasmó una supuesta nota de 22 de marzo de 1990 dirigida al señor Coronel Eduardo Herrera, como Director General de la Policía Nacional, República de Panamá, a través de la cual se le ponía en conocimiento que la Junta Directiva, luego de haber analizado los informes presentados por la Dirección de Seguridad Pública y después de haber escuchado la versión de los señores David Ocálagan y Gustavo Pérez DeLa Ossa sobre los hechos ocurridos el 20 de diciembre de 1989, decidió declararlos culpables, por ser partícipes directos en la captura de personal civil norteamericana, y, en consecuencia le recomendó al Director de la Policía Nacional, darles de baja de la Institución por cometer faltas que afectaban el prestigio de la institución (f. 4), por lo que considera necesario verificar la autenticidad del documento en mención e investigar por qué no se hizo una investigación penal al respecto.

Agregó el señor Rogelio Cruz, que nunca existió acuerdo entre él y el entonces Jefe de la Policía Nacional, Eduardo Herrera, después de la invasión a Panamá para no investigar penalmente al señor Gustavo Pérez por razón de supuestos hechos acaecidos el 20 de diciembre de 1989 (fs. 53-57).

· Dr.Carlos Enrique Muñoz Pope aseveró haber representado al señor Gustavo Pérez De La Ossa, pues el padre de éste los contrató para defenderlo en una causa que se ventiló en su contra por estar vinculado a ciertos actos ejecutados por antiguos miembros de la Fuerza de Defensa para la época de la invasión del 20 de diciembre de 1989, que consistía en diseñar y ejecutar planes para retener a ciudadanos de los Estados Unidos de América, alojados en el antiguo Hotel Marriott, que en esa época estaba ubicada a un costado del Centro de Convenciones Atlapa y que en dicho proceso fue exonerado de toda responsabilidad penal el señor Pérez De La Ossa. Sin embargo, en la actualidad no tiene copia de la decisión que se emitió en dicho proceso (fs. 58-60)licenciadoJaime Ocatavio Abad Espinosa, quien ejerció el cargo de Director de la Policía Técnica Judicial durante el período comprendido de 1991 a 1994, indicó que durante su participación en las reuniones del Consejo de Seguridad, tuvo la oportunidad de analizar información de inteligencia, entendida como información muy preliminar, no judicializada en un proceso ante la jurisdicción ordinaria, sobre muchos ex militares que pertenecieron a las antiguas fuerzas de defensa y que para ese momento histórico eran objeto de vigilancia oficial, porque en el proceso de reconstrucción del país, se dieron una series de actos catalogados como terrorista internos o atentados. Sostiene que en varias ocasiones leyó sobre múltiples investigaciones que se les realizó al Teniente Gustavo Pérez, entre esas estuvo la de un reporte que coincide en su contenido con los publicados en el diario El Panamá América y que motivó la destitución del entonces Teniente Gustavo Pérez (fs. 66-71).licenciadoOswaldo Marino Hernández Echeverría, ex Director de la Policía Nacional, respecto a los hechos investigados señaló: “…Los únicos elementos que en el transcurso de gestión como Director de la Policía Nacional tuve conocimiento fue sobre informes de inteligencia del Consejo de Seguridad, que no me consta que en ningún momento hayan llegado a cristalizarse en investigaciones dentro del Ministerio Público. Deseo explicar que durante la administración del Presidente ENDARA (q.e.p.d.) y parte de la administración del Presidente PÉREZ BALLADARES existía una reunión semanal de los Directores de los servicios de seguridad pública (Policía Nacional, Servicio Aéreo Nacional, Servicio Marítimo Nacional y Servicio de Protección Institucional), en la cual se invitaba al Procurador General de la Nación al Director de la Policía Técnica Judicial y, eventualmente, al Fiscal Auxiliar de la República. Fue en esas reuniones en que escuché hablar sobre el tema, pero tenemos que tomar en consideración que para la época se habían dado varios actos de terrorismo, se habían puesto bombas en diferentes lugares, incluso una aquí en los estacionamientos de la Procuraduría, lo que producía una profunda preocupación en cuanto a unos ex miembros de las Fuerzas de Defensa y de la Policía Nacional que tenían algún tipo de entrenamiento como explosivistas, miembros de los Macho de Monte, de la UESAT, etcétera. Sin mal no recuerdo, y tienen que tomar en consideración que han pasado muchos años y la memoria puede fallar, en aquellos momentos se señalaba que ex teniente PÉREZ había sido destituido por una Junta Disciplinaria superior de la Policía Nacional durante la dirección del Coronel ( R ) EDUARDO HERRERA HASSAN….” (FS. 75-82)

· Dr. Campo Elías Muñoz Rubio, declaró que conoce al señor Gustavo Pérez De La Ossa, pues desde hace más de veinte años fue contratado por el padre de éste para que lo defendiera en una causa que se le seguía por supuestamente haber planeado retener a ciudadanos norteamericanos para ser canjeados. Y agregó que no recuerda bien los detalles, pero sí que se mencionó que esos hechos no ocurrieron en la realidad y por tanto éste no había cometido delito, por lo que se ordenó el archivo del expediente. Añadió que no conoce al señor David Ocalagan (fs. 96-98).

· Santiago Cumbrera Díaz, periodista que redactó la noticia titulada “Gustavo Pérez Un Informe “secreto” de la institución revela que secuestró ciudadanos estadounidenses durante la invasión…”manifestó que en dicha publicación aparece la copia de un documento fechado 22 de marzo de 1990, el cual le fue entregado por una fuente que no puede revelar (fs. 101-102).

· Eduardo Emilio Herrera, señaló que ejerció el cargo de Director General de la Policía Nacional, de enero a octubre de 1990, por lo que conoció al señor Gustavo Pérez De La Ossa, como oficial subalterno en las Fuerzas de Defensa al igual que al señor David Ocálagan. Respecto a los hechos que se investigan indicó: “El 20 de diciembre yo me encontraba fuera del país exiliado, el 23 de diciembre, a petición del nuevo gobierno, se me llama para que participe en la reconstrucción de la nueva fuerza pública de Panamá,… Ese mismo día aún continuaban los combates, el Ministerio de Gobierno fue objeto de un atentado yendo hacia la nueva sede la Policía y el patio fue impactado por dos granadas de mortero. En esos días recibí llamadas de varios miembros de la Fuerzas de Defensa en donde me pedían instrucciones de qué hacer, les dije que suspendieran los combates que ya había demasiado muertos, y así fueron deponiendo las armas. Lastimosamente no tenía la dirección nueva de la Fuerza Pública … Es falso la información que han salido en los medios, a través de todos estos años de… Los norteamericanos dirigían el país por así decirlo, a pesar de que teníamos un gobierno todo se tenía que consultar con ellos, en especial en materia de seguridad y manejo de la misma. Siendo yo Diretor de la Policía tenía dos coroneles americanos perennemente en mi oficina, el corone Jack Prior y el coronel Jimmy Steel, los cuales desde allí dirigían casi todas las operaciones relacionadas con las fuerzas de policía y la seguridad del país…”(fs. 131-134).

· David Aaron Ocálagan Bonilla, manifestó que el 20 de diciembre de 1989 nunca hubo un secuestro, que los partícipes en el aseguramiento y protección de las instalaciones, bienes y personas que estaban en el Hotel Marrito no sufrieron ningún daño ni se les coartó su libertad (fs. 140-141).

Las declaraciones citadas permiten concluir que a un grupo de miembros de las extintas Fuerzas de Defensas, entre quienes se encontraban los señores Gustavo Pérez De La Ossa y David Ocálagan, se les dio vigilancia oficial por estar presuntamente vinculados a actos que fueron catalogados como terrorista, sin embargo, advierte la Sala que en el transcurso de la instrucción sumarial se remitieron a las distintas agencias del Ministerio Público notas mediante las cuales se requería a los agentes instructores informar si en sus despachos se le siguió proceso penal a Gustavo Pérez De La Ossa (fs. 13-36). Se obtuvo resultados negativos.

También se dirigió copia a la Dirección General de la Policía Nacional, con el propósito de conocer si al señor Gustavo Pérez De La Ossa, se le siguió proceso disciplinario en virtud de los supuestos hechos acaecidos el 20 de diciembre de 1989, obteniéndose la siguiente respuesta “… le comunico que en esta entidad no reposa un Proceso Disciplinario seguido a Gustavo Pérez De La Ossa, en virtud de actos ejecutados el 20 de diciembre de 1989, en el ejercicio de su cargo como funcionario de la Unidad Especial Anti Terror (U. E. S. A. T.) de la entonces Fuerzas de Defensas” (f. 88).

Ahora bien, mediante oficio de 8 de abril de 2010 la licenciada Nedelka Díaz Saavedra, Secretaria General de la Procuraduría General de la Nación remitió a la Secretaría del Segundo Tribunal Superior de Justicia copia del proceso seguido a los señores Juan Barría, Luis Carlos Chávez y otros, sindicados por el delito de homicidio en perjuicio de Raymond Dragseth y Fernando Brathwaite, en las que se aprecia lo siguiente: “Durante las investigaciones preliminares realizadas por la Fiscalía Auxiliar de la República, se allegaron las declaraciones indagatorias de los señores GUSTAVO PEREZ DE LA ROSA Y DAVID AARON OCALAGAN, pero en relación a la aprehensión física del periodista norteamericano JONATHAN MEYERSON en el Hotel Marriott de esta ciudad, hecho que no guarda relación con la aprehensión de los señores DRAGSETH y BRATHWAITE, por tanto, sugerimos el desglose respectivo.” (penúltimo párrafo de la foja 175), lo que permite concluir que, en efecto, debe existir una investigación contra los señores Gustavo Pérez De La Rosa y David Aaron Ocálagan, de la cual no se ha podido conocer durante la instrucción de este sumario.

En síntesis estima el tribunal que frente a la realidad que se desprende del presente expediente, en estos momentos, procede emitir un juicio calificatorio de conformidad con las previsiones del numeral 1 del artículo 2208 del Código Judicial que da paso para un sobreseimiento provisional, en el evento de que los medios de justificación, acumulados en el proceso, no sean suficientes para comprobar el hecho punible.

PARTE RESOLUTIVA

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia- Sala Segunda de lo Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, resuelve Sobreseer Provisionalmente de manera objetiva e impersonal dentro de la presente causa seguida de oficio por los hechos acaecido el 20 de diciembre de 1989, a los que presuntamente se vinculó al licenciado Gustavo Pérez, Director General de la Policía Nacional.

Notifíquese,

JERÓNIMO MEJÍA E.

GABRIEL E. FERNANDEZ M. — JOSÉ ABEL ALMENGOR ECHEVERRÍA

MARIANO HERRERA (Secretario)

UN ENTE PÚBLICO, NO PUEDE REVOCAR SU PROPIO ACTO EXPEDIDO. (OJO CON JUAN HOMBRÓN).

Por: Dr. Ernesto Cedeño Alvarado
@ernestocedeno

Por el respeto de las situaciones jurídico creadas, por los actos administrativos promulgados por los entes públicos, puede ser tal, que se hagan irrevocables aunque sean ilegales, para fortalecer con ello la certeza jurídica. Este concepto en donde se impide que el administrador elimine su propia decisión de oficio, que favoreció una situación personal al gobernando, se denomina como el Principio de la Irrevocabilidad del Acto Administrativo y rige en el derecho, especialmente en Panamá.
En sentencia de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, del 27 de abril de 2010, la Corte en un caso en donde el demandado era la A.T.T.T. que había eliminado per se, un certificado de operación a un administrado, la Alta Corporación de Justicia determinó, que la emisión del Certificado de Operación, genera derechos subjetivos, los cuales no pueden ser desconocidos de forma arbitraria ni unilateral.
La Corte declaro nula por ilegal, la actuación de la A.T.T.T. que consistió en anular su propio acto emitido y sentencio nítidamente que “Debe, pues, la Administración recurrir a la vía jurisdiccional ordinaria, a fin de anular sus propios actos que confieren derechos.”
En el caso de las titulaciones de tierras en Juan Hombrón, se ha anunciado que se pretende utilizar la fórmula que aparece en el artículo 62 de la Ley 38 de 2000, que es una especie, de excepción legal administrativa, al principio consabido, pero que solo rige para los siguientes casos, de acuerdo a la disposición jurídica en cita.
Artículo 62. Las entidades públicas solamente podrán revocar o anular de oficio una resolución en firme en la que reconozcan o declaren derechos a favor de terceros, en los siguientes supuestos:
1. Si fuese emitida sin competencia para ello;
2. Cuando el beneficiario de ella haya incurrido en declaraciones o haya aportado pruebas falsas para obtenerla;
3. Si el afectado consiente en la revocatoria; y
4. Cuando así lo disponga una norma especial.
En contra de la decisión de revocatoria o anulación, el interesado puede interponer, dentro de los términos correspondientes, los recursos que le reconoce la ley.
La facultad de revocar o anular de oficio un acto administrativo no impide que cualquier tercero interesado pueda solicitarla, fundado en causa legal, cuando el organismo o funcionario administrativo no lo haya hecho.” (Modificado por el artículo 3 de la ley 62 de 23 de octubre de 2009)

De lo anterior escrito, se desprende que la administración, si emitió un titulo o derecho a todas luces ilegal o inconstitucional, no lo puede eliminar de oficio o por si mismo, si no concurren los supuestos claramente expresados en la norma (ut supra) arriba descrita. Deberá en consecuencia, acudir a los tribunales a demandar la nulidad o la inconstitucionalidad, según fuere el caso, del acto administrativo emitido con vicio, que beneficio a un particular o gobernado. Dixi (He dicho).

Régimen de Asociación Público –Privada

Por: Dr. Ernesto Cedeño Alvarado

Aunque el proyecto de Asociación Pública Privada, el Ministro del MEF ha dicho que le imprimirá modificación, excluyendo, al sector la salud, la educación y las cárceles, ya que la ley de la APP solo se aplicaría para proyectos de infraestructura y también se modificará la fórmula del nivel rector que tendría control total sobre los proyectos a aprobarse bajo el régimen de financiamiento público privado.
Anoto que el proyecto en cuestión requiere con algún grado de importancia sufrir las siguientes modificaciones:
1. Establecer que los contratos empiecen a regir luego del refrendo de la Contraloría. Art 74.
2. Se debe establecer más requisitos para que pueda aceptarse al cesionario de un proyecto.
3. Precisar en la ley, un término para que se publiquen los contratos de mancuerna público y privada, en la gaceta oficial. Art 68
4. Determinar en la ley, los montos de las fianzas de cumplimiento a adjuntarse y no dejarlo a la precisión del pliego de cargos. Art 65
5. Debe ponerse como vinculante, el resultado de la consulta popular sobre los proyectos y pliegos a ejecutarse en mancuerna público privada. Art 45
6. Hay que eliminar la posibilidad de dar pagos estatales por adelantado, en los contratos, al titular del mismo. Art. 24.
7. Eliminar la figura presidencial como vinculante, para dar el término anticipado del contrato y para decretar la suspensión o extinción del contrato. Artículos 83 y 88.

Basta ya de las agresión política hacia las mujeres en Panama

BASTA YA, DE LA AGRESIÓN POLÍTICA HACIA LAS MUJERES, EN PANAMÁ
 
Por: Dr. Ernesto Cedeño Alvarado
Twitter @ernestocedeno
 
 
En estos días, las personas, en un nutrido grupo, defienden y protestan en contra de los abusos mas palpables hacia las mujeres, no obstante, soslayan, que nuestras mujeres también sufren, otros tipos de abusos y agresiones, menos conocidas pero que si son materializadas y estas son de naturaleza política, en Panamá, sin embargo, no los critican.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe sobre la participación política de las mujeres en las Américas, identificó los principales obstáculos que enfrentan las mujeres para ejercer sus derechos políticos y acceder a los puestos de poder en condiciones de igualdad. A continuación los mismos:
‐ Los prejuicios y estereotipos de género y formas de discriminación presentes en las sociedades americanas que les impiden el acceso a los puestos de poder; que les restringen la posibilidad de opciones de incursionar en el ámbito político; y el desempeño exitoso de sus cargos;
‐ Las desventajas socioeconómicas, como el acceso limitado de las mujeres al financiamiento para las campañas y en la contienda a cargos públicos;
‐ El desconocimiento de las mujeres de sus derechos políticos, especialmente en áreas rurales y marginadas;
‐ Las distintas formas de violencia que anulan e impiden el ejercicio de todos los derechos humanos por parte de las mujeres, incluyendo su derecho a incursionar en la vida política, y a ejercer su derecho al voto;
‐ Desafíos apremiantes en la implementación de medidas especiales de carácter temporal a nivel nacional y hemisférico;
‐ Obstáculos que impiden a las mujeres el acceder y ser votadas en las urnas;
‐ Desafíos para promover una mayor participación de las mujeres al interior de los partidos políticos; y
‐ La situación particularmente grave de las mujeres indígenas y afrodescendientes, entre otros desafíos.
 
En mi País, poco o nada se ha hecho para eliminar las agresiones u obstáculos señalados, que impiden a la mujer panameña al acceder a las posiciones de eminencia. Esto, en alguna medida por la falta de voluntad de nuestros políticos y de muchas personas, que no desean darle el valor que le corresponde a la mujer nacional, por derecho ganado.
¿Que hay que hacer, para eliminar las agresiones políticas hacia las mujeres? Conforme al informe en cita, y adaptado en este sentido, para Panamá.
 
1. Crear leyes y políticas públicas especiales, dirigidas a mujeres indígenas y afrodescendientes, que tomen en cuenta sus necesidades y obstáculos para ingresar a la vida política.
2. El adoptar todas las medidas necesarias, incluidas las reformas legislativas necesarias y las asignaciones presupuestarias, para garantizar la plena participación de las mujeres en cargos públicos y de representación política con el fin de alcanzar la paridad en todos los ámbitos y niveles de gobierno.
3. El cambiar la cultura política de los partidos políticos para lograr una distribución más equitativa del poder, que requiere sensibilizar a las dirigencias políticas e invertir en la formación de liderazgos femeninos.
4. Institucionalizar canales de participación en donde las mujeres puedan contribuir de forma sustantiva en el diseño, desarrollo e implementación de políticas públicas y programas a favor de la igualdad de género, en los distintos ámbitos de gobierno e instancias del poder público.
5. Que el gobierno adopte medidas públicas para redefinir las concepciones tradicionales sobre el rol de las mujeres en la sociedad, y promover la erradicación de patrones socioculturales discriminatorios que impiden su acceso pleno a los cargos públicos y las instancias de decisión. (Ejemplo: la mujer solo es buena para los oficios domésticos).

CIDH sobre las mujeres

La participación de las mujeres en los asuntos públicos y la igualdad en el acceso a los cargos públicos son reconocidos como derechos fundamentales tanto en el sistema interamericano como en el sistema universal de protección de derechos humanos.

INFORME DE LA CIDH SOBRE PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS MUJERES

Washington, D.C., 21 de octubre de 2011 –

EL CAMINO HACIA UNA DEMOCRACIA SUSTANTIVA: LA

Algunos puntos importantes del informe de la COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS de octubre de 2011, sobre la participación política de la mujer

129. De la información proporcionada por diversas fuentes estatales y no
estatales, la CIDH ha identificado una serie de avances en la adopción de medidas especiales de carácter temporal en la región. Entre dichos avances destacan el aumento en la representación femenina en los tres poderes estatales (ejecutivo, legislativo y judicial), gracias a la emisión de leyes que establecen un porcentaje mínimo o máximo de mujeres en los cargos de elección popular, mejor conocidas como “leyes de cuotas” y el reconocimiento de la obligación de los Estados de adoptar medidas especiales de carácter temporal para garantizar la presencia de las mujeres en la toma de decisiones. Asimismo, la existencia de sanciones en caso de incumplimiento de las leyes de cuotas y de mecanismos para que se rectifiquen los registros de candidaturas, como apercibimientos, amonestaciones públicas y multas a los partidos políticos representan un avance para el cumplimiento de estas leyes.
131. No obstante estos avances, la Comisión observa que todavía existen
desafíos importantes para lograr la igualdad de jure y de facto de las mujeres en la vida pública. Entre los principales desafíos identificados, se encuentra la implementación efectiva de las medidas especiales de carácter temporal, como las leyes que establecen cuotas de género. En este sentido, se han reportado la falta de sanciones en caso de incumplimiento y mecanismos de monitoreo de estas leyes, así como la interpretación desfavorable hacia las mujeres de dichas leyes por las autoridades judiciales o electorales.
Por otra parte, la Comisión nota con preocupación que todavía persisten en la región resistencias de los gobiernos y los partidos políticos para implementar dichas medidas, especialmente para adoptar leyes de cuotas y financiar candidaturas femeninas. Estas resistencias se deben, en gran medida, a la percepción que todavía impera de la política como un “ámbito masculino”. Por lo tanto, otro de los grandes desafíos en la región es modificar los patrones socioculturales que discriminan a las mujeres y fomentan percepciones equivocadas sobre sus capacidades para gobernar y participar en la vida pública.
143. La Comisión nota que en la mayoría de los países que han implementado cuotas, éstas sólo operan para cargos de elección popular pero no para puestos públicos obtenidos a través de la designación. En este sentido, sólo algunos países como Colombia, Panamá y Ecuador han establecido la obligación legal de incluir mujeres en cargos de designación. Por lo tanto, la CIDH insta a los Estados a ampliar las medidas especiales de carácter temporal para asegurar la participación de las mujeres en todos los ámbitos de gobierno (legislativo, ejecutivo y judicial), así como en los distintos niveles del Estado (federal, estatal y municipal).

Por que debe ser regulado, el pele police, por ley

Por. Dr. Ernesto Cedeño Alvarado
@ernestocedeno

El Pele Police es conocido en Panamá, como el instrumento tecnológico que usan nuestros agentes de policía, para verificar la data trasladada al equipo cibernético, que transfiere la Policía de Panamá, a sus agentes portadores del mismo. No obstante, es mi criterio, que esa especie de celular, debe contar con una regulación legal y no reglamentaria, para su buen uso, por lo siguiente.

1. Por que los funcionarios, solo pueden hacer lo que el derecho dispone (Principio de Estricta Legalidad, establecido en nuestra Constitución Política en sus artículos 17 y 18), Si no hay un instrumento legal sobre el Pele Police, como pueden estar usando el equipo en cuestión.
2. Por que el Pele Police contiene la data provista por un banco de datos, al equipo trasladado, sin que ninguno de los particulares propietarios de la información, hayan consentido esto, ni mucho menos, hay una ley formal que lo permita. Sobre el punto nuestra Carta Política es enfática cuando dice en su ARTÍCULO 42 que: Toda persona tiene derecho a acceder a la información personal contenida en bases de datos o registros públicos y privados, y a requerir su rectificación y protección, así como su supresión, de conformidad con lo previsto en la Ley. Esta información sólo podrá ser recogida para fines específicos, mediante consentimiento de su titular o por disposición de autoridad competente con fundamento en lo previsto en la Ley.
3. Por que hay información en el equipo que no ha sido actualizada debidamente, por lo que ha causado perjuicios a particulares inocentes, en algunos casos.
4. Por que no existe escrito, el lugar exacto, en donde las personas puedan acceder a la base de datos del Pele Police, para verificar si esta actualizada, la información recogida allí.
5. Por que no existe escrito, la persona que responda a terceros, por el uso inadecuado del bien y el procedimiento claro para llegar a ello.
6. Por que en algunos casos el Pele Police ha provocado detenciones arbitrarias que se materializan, sin haber habido la expedición de orden actualizada, de autoridad competente, en detrimento de lo que dispone el artículo 21 constitucional.
7. Por que en algunos casos el Pele Police ha limitado el libre tránsito, de manera obstinada en pretermisión de lo que dice el artículo 27 de la Carta Magna.

Carta abierta a los honorables diputados de Panamá

Por: Dr. Ernesto Cedeño Alvarado

El 31 de diciembre de 2009, ustedes emitieron la Ley 80 que reconoce derechos posesorios y regula la titulación en las zonas costeras y el territorio insular.
El instrumento jurídico pretendía llevar a su implementación feliz, el Artículo 289 de la Carta Magna patria. No obstante, la ley que ustedes aprobaron dista mucho de promover una adecuada regulación de la tierra, ya que ha gravitado a la luz pública que muchos acaudalados se han visto beneficiados con titulaciones gratuitas, permitidas en todo o en parte, por una ley aprobada por ustedes. La patria y nosotros los electores independientes, tomaremos en contra de ustedes, las medidas que el derecho y nuestra constitución prevé, si no modifican, de manera expedita, la ley de marras, a efecto de circunscribirla, al beneficio directo, de los que menos tienen y no de los poderosos. Los bienes públicos deben administrarse como buen padre de familia y es objetable que se mantenga incólume una disposición que posibilita el regalo de los haberes estatales al sector más rico del país, que perfectamente pudiera pagarle al Estado por las tierras, adquiridas, directa o indirectamente, un pago de acuerdo al valor real del mercado, del inmueble codiciado.
Puntos mínimos, a considerarse en la modificación futura de la Ley 80 de 2009, son:
1. El refrendo de la Contraloría en las titulaciones, conforme al artículo 280 constitucional. Si la presente administración ha considerado a este ente para que realice un audito en las titulaciones, es por que sabe de la necesidad de incorporar al comentado organismo en el proceso, pero no debe incluirse para aspectos correctivos, como hogaño, sino para los preventivos de igual forma.
2. Reconocer, para estos efectos, solo la posesión de la persona natural y no de la persona jurídica.
3. La posesión se debe probar, para estos fines, no solo con testigos del barrio, sino con documentación provenientes por las autoridades locales y/o nacionales, fotos y demás, en valoración probatoria conjunta, pero no nunca posibilitar el traspaso de un terreno gratuito, corroborado con dos declaraciones, solamente.
4. Delimitar hasta un máximo de 500 metros, el otorgamiento de un terreno gratuito.
5. Promover en las escrituras de los terrenos gratuitos, una cláusula de limitación de traspaso del terreno a terceros, hasta por un espacio de 10 años.
6. Determinar, así como lo hicieron en la Ley 69 de 2009 (Que prohíbe las equiparaciones en los contratos) una cláusula que diga que las modificaciones de la ley 80, es de interés social y tendrá efecto retroactivo sobre los traspasos otorgados por el Estado a personas jurídicas o que estén en manos de éstas, violando la limitación del traspaso de los 10 años.