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El ejercicio libre del periodismo

Solo hay una forma en que debiera ejercerse el periodismo en Panamá y es en libertad.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos señaló que “la libertad de
expresión es una piedra angular en la existencia misma de una sociedad
democrática. Es indispensable para la formación de la opinión pública. Es también condición para que la comunidad, a la hora de ejercer sus opciones, esté suficientemente informada». (Corte Interamericana de Derechos Humanos. Opinión Consultiva OC-5/85, “La colegiación obligatoria de periodistas”, del 13 de noviembre de 1985, párrafo 70).

La Corte Interamericana de los Derechos Humanos, sobre el tema también  dijo:

“El ejercicio periodístico sólo puede efectuarse libremente cuando las personas que lo realizan no son víctimas de amenazas ni de agresiones físicas, psíquicas o morales u otros actos de hostigamiento” (Corte IDH. Caso Vélez Restrepo y Familiares Vs. Colombia. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012 Serie C No. 248. Párr. 209.)

La suspensión de una garantía constitucional

La suspensión de una garantía constitucional en Panamá, solo debería darse con la declaratoria de un estado de urgencia. Así lo determinó la Corte Suprema de Justicia cuando la ASEP otrora, ordenó la suspensión de todas las señales de telefonía celular entre las comunidades de Viguí y Horconcito, a solicitud del Secretario Ejecutivo del Consejo de Seguridad Nacional del Ministerio de la Presidencia de la República.

La Corte dijo:

“Por otro lado, en relación a lo peticionado, en cuanto a que la actuación de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos al dictar la Resolución impugnada, violó el artículo 55 de la Constitución Nacional, ya que usurpó una función que está constitucionalmente reservada en forma exclusiva al Consejo de Gabinete, este Pleno es de la opinión que la Resolución dictada por la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos y cuya inconstitucionalidad se solicita, violó el Artículo 55 de nuestra Carta Magna. Para mayor ilustración se transcribe a continuación el texto del artículo 55 de la Constitución Nacional:

“Artículo 55. En caso de guerra exterior o de perturbación interna que amenace la paz y el orden público, se podrá declarar en estado de urgencia toda la República o parte de ella y suspender temporalmente, de modo parcial o total, los efectos de los artículos 21, 22, 23, 26, 27, 29, 37, 38 y 47 de la Constitución.

De allí, que mal podría en consecuencia, aceptarse que la Autoridad Nacional de Servicios Públicos tuviese facultad para declarar la suspensión de una garantía constitucional, en este caso, los artículos 29 y 37 de la Constitución, que se refieren a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas y al derecho a emitir libremente su pensamiento. Todo esto, a pesar de posible perturbación que amenazara la paz y el orden público en esa región del país. Semejante decisión solo es atribuida al Consejo de Gabinete que es la reunión del Presidente de la República con todos sus Ministros”. Sentencia del12 de febrero de 2015.

¿Pero qué pasa en la actualidad, con las restricciones de movilidad decretadas por el MINSA?

La Corte no ha querido atender el fondo de las demandas presentadas,  desaprovechando su lugar en la historia democrática del país.

La inmunidad del Diputado en su curul y los irrespetos.

Desde la Constitución de 1904 se encontraba consagrada la irresponsabilidad jurídica del diputado, hoy conocida como la inmunidad del Artículo 154 de la Carta Magna.

ARTICULO 154. Los miembros de la Asamblea Nacional no son legalmente responsables por las opiniones y votos que emitan en el ejercicio de su cargo.

Aún en los años 40 y siguientes, se debatía sobre la irresponsabilidad del diputado cuando pudiera injuriar o calumniar a otros en el ejercicio del cargo y los doctos en derecho concluían que había irresponsabilidad jurídica del diputado en torno al manejo de sus opiniones, cuando ejercía el cargo.

El doctor J.D. Moscote, avalaba la tesis de la irresponsabilidad cuando dijo: “Si un diputado escribe un libelo difamatorio contra un ciudadano porque así lo juzga conveniente a un interés nacional, ¿no le queda a ese ciudadano recurso alguno contra la integridad de su honra? De acuerdo con el texto de la Constitución, ello parece concluyente, pero no podemos menos que considerar como peligroso un derecho tan amplio e irrestricto”. (J.D. Moscote. El Derecho Constitucional panameño. Panamá, 1943, p.240.)

El doctor Cesar Quintero, añadía en torno al mismo tema, que: “… ese individuo humano que lleva la investidura de diputado es inmune a las sanciones o penas que, en otras circunstancias, su conducta personal, pública o privada, le acarrearía “. (Cesar Quintero. Derecho Constitucional. Tomo 1. Panamá, 1967, p.494.)

Actualmente hemos visto como algunos diputados, de manea poco profesional y con falta del apropiado juicio, emiten improperios que afectan la reputación de ciudadanos respetables, en la República de Panamá, sin responsabilidad alguna, por el privilegio constitucional en cita.  Esta práctica mal sana, debiera cesar, toda vez que no contribuye con la paz social ni con el respeto de las buenas costumbres.

Si los diputados no transitan por las vías adecuadas de la ética, un estallido social podría avecinarse en un futuro inmediato, sin duda alguna.

La Contraloría está facultada, para auditar a la Asamblea Nacional.

La Contraloría General ha anunciado que ordenó una auditoria a la planilla 172 de La Asamblea Nacional.

¿Puede la Contraloría General, auditar a la Asamblea Nacional, sin el aval de la Corte Suprema?

Por supuesto que sí. Hay jurisprudencia sobre el particular.

Sentencia de 19 de octubre de 2017, dentro de la Solicitud contenida en la Nota No. 207-17-Leg de 17 de enero de 2017, remitida por el Contralor General de la República a la Corte, contentiva de la solicitud de auditoría para determinar supuestos hechos peticionados por el Doctor Ernesto Cedeño Alvarado contra un grupo de miembros de la Asamblea Nacional, donde se sostuvo lo siguiente:

“Debe quedar claro entonces que, es ante dicha entidad (Contraloría) que debió tramitarse la presente solicitud, tal como propuso el petente, para la correspondiente investigación de lo que deriva del documento presentado ante esa sede, sin esperar o pretender que esta sede jurisdiccional se convierta en una Autoridad Administrativa, pues la Constitución Política no otorga a la Corte Suprema de Justicia el poder de ejercer o efectuar funciones administrativas de fiscalización por enriquecimiento injustificado, sino que corresponde a la Contraloría General de la República examinar y pronunciarse sobre el tema de la petición de auditoría, de conformidad con la Ley No. 59 de 1999, y especialmente, el artículo 304 de la Constitución Política. Es por ello, que la facultad para llevar a cabo los mecanismos de fiscalización de la Contraloría tiene fundamento no sólo legal sino constitucional.

No obstante, el Pleno debe aclarar que lo expuesto, es sin perjuicio de que, si el resultado de las investigaciones o procedimientos administrativos surjan elementos que sugieran la comisión de un hecho punible, entonces sí, le corresponde a esta Alta Superioridad conocer del caso. (Resalta el Pleno)”.

Acción de Amparo de Garantías Constitucionales interpuesta por la presidenta y representante legal de la Asamblea Nacional, contra la Resolución No. 685-2018-DIAF de 15 de mayo de 2018, emitida por el señor Contralor General de la República. 13 de septiembre de dos mil dieciocho 2018, donde se sostuvo lo siguiente:

“Establecido lo anterior, vemos que el acto objeto de impugnación, se dictó en el marco de la función de fiscalización que ejerce la Contraloría General de la República, sobre el manejo de los fondos públicos en las dependencias del Estado, que en el caso en estudio, recae sobre la Asamblea Nacional, dentro del marco de las actividades administrativas que realiza dicho órgano del Estado; fiscalización ésta que tiene fundamento no sólo Constitucional sino legal, y no requiere autorización alguna por parte de este Máximo Tribunal para realizar la labor fiscalizadora. No obstante, es oportuno afirmar que, si del resultado de las investigaciones o procedimientos administrativos surjan elementos que sugieran la posible comisión de un hecho punible, entonces sí, le correspondería a esta Alta Corporación de Justicia conocer del caso, una vez se satisfagan las exigencias formales previstas en el ordenamiento jurídico.”

LOS PELIGROS DE LA DAS

La Asamblea Nacional estableció en la Ley de Presupuesto, No. 110 un artículo (que ha pasado desapercibido) que permite la contratación libre o directa, hasta por una suma inferior al millón de dólares a la DAS, otrora llamada PAN, FIS, FES. (Véase el Artículo 348).

El Decreto Ejecutivo 608 de 2020, de reciente publicación, acaba de eliminar de la DAS, el COMITÉ CONSULTIVO que evaluaba antes los planes, proyectos, las políticas generales, manuales, los reglamentos y presupuestos de la DAS. O sea, el Director Nacional hoy en día, ya no está bajo el control del anterior COMITÉ.

El Reglamento Especial de Contratación de ese ente, posibilita que el Director Nacional, pueda escoger per se, sin mayor contemplación, a los proponentes que pueden participar, para la escogencia de algunos de los proyectos a contratarse. Adicional de a dedo, puede contratar directamente con el oferente que desee, si lo considera como prioritario.

Estoy en desacuerdo con el procedimiento de compras en cita, pues me hace recordar al que antes existía y aplicaban las anteriores administraciones con otros nombres, y en donde el Ministerio Público está ejerciendo la acción penal, por el mal uso de los recursos del Estado, en estos momentos.

La Dirección General de Contrataciones Públicas y la Contraloría General, deben jugar su papel preventivo para hacer eliminar el Reglamento de Contratación ut supra, antes del que desacierto pudiera gravitar.

El secuestro de bienes, de una Junta Directiva de un PH

En sentencia con fecha 21 de febrero de 2017, El Pleno de la Corte Suprema de Justicia, levantó los secuestros que pesaban contra los miembros de la Junta Directiva del PH BAHIA DEL GOLF, quienes habían sido cautelados y demandados como amenaza, por acciones que estaban ejerciendo en favor de los propietarios de los apartamentos.

La Corte en fallo unánime, dentro de una acción de amparo de garantías constitucionales presentada por el suscrito, dijo que las medidas cautelares perfeccionadas sobre los bienes de los ciudadanos afectados por el secuestro desbordan el carácter conservatorio que pretendía la medida cautelar solicitada por la sociedad demandante y en su lugar producen perjuicios irreparables a la parte afectada. “Es por ello que mantener todos los secuestros instaurados (bienes muebles e inmuebles y cuentas bancarias) establecidos en detrimento de las personas naturales demandadas por la promotora, evidencia una palpable lesividad a sus derechos fundamentales por una medida cautelar excesiva y desproporcionada”.

¿El Narcotráfico, en la política panameña?

¿Cómo se podría combatir la narco política, en Panamá?

  1. Analizando de mejor forma, las características preliminares del donante.
  2. Haciendo una campaña sobre la adopción de valores, dentro de la sociedad; por parte del gobierno, de la empresa privada, de los partidos políticos, medios de comunicación y de la ciudadanía en general.
  3. Eligiendo en los cargos públicos y en las juntas directivas de los colectivos políticos, a las personas que hayan mostrado, más transparencia e integridad en su caminar.
  4. Instruyendo los padres de familia, a sus hijos, sobre la necesidad de cumplir reglas básicas de ética y de moral.
  5. Sancionando el crimen como corresponde; haciendo viable la certeza del castigo a nivel jurisdiccional y partidario.

¿Cuál es el deber del funcionario, que sabe que hay narco política en Panamá’?

El de presentar las denuncias a los entes correspondientes, para que se sancionen, a los responsables.

La Labor del Diputado

Conforme a la Carta Magna, las funciones del diputado en la Asamblea Nacional son varias, y las mismas, se debieran cumplir con eficiencia, por los mejores intereses del Estado. En tal sentido, no le es dable al Diputado, utilizar recursos del Estado, para fortalecer su activismo político.

Funciones:

  1. La de expedir leyes.
  2. La de ejecutar actos de control sobre la administración pública y el gobierno.
  3. La de propiciar los debates, de cara al cumplimiento de los fines públicos.
  4. La de ejercer a través de los diputados, la representación adecuada de los partidos políticos y los electores.
  5. La de ejercer funciones judiciales cuando corresponda.

En sentencia del PLENO de la Corte Suprema de Justicia del 16 de marzo de 2017, se DECLARÓ inconstitucional, el Decreto proferido por la Contraloría General que regulaba, los donativos y subsidios otorgados en la Asamblea Nacional, a solicitud del suscrito.

La Corte dijo que:

“Según se observa, los fines constitucionales antes mencionados, que se deben alcanzar mediante otras instituciones nacionales y/o locales, no dan espacio para que la Asamblea Nacional pueda dedicarse a realizar actividades que no le corresponden, porque son propias de otras autoridades del Estado, como las relacionadas con los subsidios y donativos”.

Los Ministros Consejeros, no son Ministros de Estado: LA CORTE

En decisión del 3 de julio de 2014, dentro de una denuncia que interpuse, contra el MOP, a la sazón dirigido por el ingeniero FEDERICO SUAREZ, por haber pagado el MOP 30 millones, para la reparación de daños materiales a la vía próxima al puente Centenario, el Pleno  declinó el caso a un juez de circuito, pero dijo en el fallo, que la designación de  SUAREZ como MINISTRO CONSEJERO, a la postre, no tiene sustento constitucional para ser llamado Ministro de Estado. El prenombrado era Ministro del MOP cuando denuncié, luego con el Decreto No. 138 de 2012 se le nombró MINISTRO CONSEJERO.

El PLENO de la Corte dijo lo que sigue.

“Como abono a lo anterior, y para despejar dudas sobre nuestra competencia privativa respecto a procesos penales, donde se involucre a un Ministro de Estado, consideramos oportuno realizar un análisis de las normas fundamentales que nos orientan sobre la creación, estructuración administrativa y funcionabilidad de los Ministros de Estado.

En primer orden, el artículo 183 constitucional establece como atribución del Presidente de la República, nombrar y separar libremente a los Ministros de Estado. No obstante, cuando ello implica la creación de nuevos ministerios nuestra Carta Fundamenta en el artículo 159, numeral 12, establece que ello se realizará a través de la intervención de otro Órgano del Estado, que en este caso lo es, la Asamblea Nacional.

“ARTÍCULO 159: La función legislativa, es ejercida por medio de la Asamblea Nacional y consiste en expedir las leyes necesarias para el cumplimiento de los fines y el ejercicio de las funciones del Estados declarados en esta Constitución y en especial para lo siguiente:

  1. Determinar, a propuesta del Órgano Ejecutivo, la estructura de la administración nacional mediante la creación de Ministerios, Entidades Autónomas, Semiautónomas, Empresas Estatales y demás establecimiento públicos, y distribuir entre ellos las funciones y negocios de la Administración, con el fin de asegurar la eficacia de las funciones administrativas ”.

En ese sentido, el artículo 194 de la Constitución Política define que los Ministros de Estado son los jefes de sus respectivos ramos y participan con el Presidente de la República en el ejercicio de sus funciones, de acuerdo con la Constitución y la ley, siendo que la distribución de sus respectivos negocios también se efectuaran de conformidad con la ley, como expone el artículo 195 lex cit.

Para esta Superioridad las normas citadas establecen los protocolos que se exigen para la constitución de un nuevo ministerio y sus atribuciones, siendo en consecuencia que concluimos que la designación del Ingeniero FEDERICO SUAREZ no reúne estas condiciones, siendo en consecuencia que se extravía nuestra competencia en este expediente penal, ya que es un hecho público y notorio que en la actualidad no ostenta el cargo de Ministro de Estado.”

Conclusiones propias:

  1. Los ministros consejeros no son ministros de Estado, porque no tienen una cartera a su cargo, creada por el Legislativo.
  2. Los ministros consejeros no deben tener los privilegios y las obligaciones, de los ministros de Estado, porque no lo son.
  3. Los ministros de consejeros, no deben participar de las reuniones del Consejo de Gabinete como si fueran “ministros”, por lo antes expuesto.

ASPECTOS IMPORTANTES SOBRE EL FALLO QUE DECLARO INCONSTITUCIONAL NUESTRA SALIDA DEL PARLACEN

Con la sentencia del 2 de febrero de 2012, el PLENO de la Corte Suprema declaro inconstitucional la Ley 78 de 2009, que deroga las leyes que aprueban los instrumentos internacionales relativos al PARLACEN.

La Corte dictaminó:

1. Que los tratados tiene fuerza superior a las otras leyes, toda vez que no pueden de ninguna manera ser desconocidos ni tampoco derogados por leyes posteriores.

2. El retiro o denuncia de un tratado, es un tema que se relaciona con la administración y aplicación del tratado, asunto sobre el cual no existe norma específica que le confiere al legislativo la posibilidad de intervenir.

3. La Corte valoró para fallar la inconstitucionalidad, la importancia del preámbulo de la Constitución, que promueve literalmente, la integración regional.

4. Que Panamá al adherirse al Tratado del PARLACEN, lo hizo sin haber tenido la posibilidad de establecer una reserva que le permitiera denunciar el Tratado. La falta de esta posibilidad, es lo que ha llevado ante la Corte, una situación juridica de repercusiones internacionales.

5. Las únicas formas de denunciar y salirse del PARLACEN se contrae a: Conseguir el beneplácito del resto de los Estados Partes o la de presentar propuestas de reformas, antes los Estados Contratantes, incorporando cláusulas de denuncia o retiro al tratado del PARLACEN.

6. El legislativo no cometió abuso de autoridad, al emitir la Ley 78 de 2009, ya que de lo que se trató fue de un erróneo ejercicio de una facultad que se considera incluida dentro del marco constitucional.